A casi dos años de la entrada en vigor de la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, el debate sobre sus efectos laborales llegó nuevamente al Congreso de la Unión. El diputado federal Miguel Alonso Reyes presentó un Punto de Acuerdo mediante el cual solicita la intervención de las autoridades responsables para garantizar el pago de liquidaciones a jueces, magistrados y trabajadores que dejaron de formar parte del Poder Judicial de la Federación tras los cambios constitucionales.
La propuesta fue planteada en un contexto donde continúan las discusiones sobre las consecuencias administrativas y laborales derivadas de la reforma que modificó la estructura y el funcionamiento del sistema judicial mexicano.
Desde la Comisión Permanente, el legislador priista exhortó al Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a concluir los procedimientos pendientes relacionados con las indemnizaciones de quienes prestaron sus servicios antes de la entrada en vigor de la reforma.
Durante la exposición de motivos, Alonso Reyes recordó que el Poder Judicial ha desempeñado históricamente un papel central dentro del Estado mexicano, sustentado en el trabajo de jueces, magistrados y personal administrativo encargado de la impartición de justicia.
Bajo ese argumento, sostuvo que persisten adeudos relacionados con las compensaciones establecidas en la propia reforma constitucional, situación que, afirmó, mantiene en incertidumbre a cientos de trabajadores.
El diputado señaló que, pese al tiempo transcurrido desde la aprobación de la reforma, numerosos servidores públicos continúan sin recibir las prestaciones que legalmente les corresponden.
“A casi dos años de la aprobación de la reforma judicial, cientos de jueces y trabajadores continúan sin recibir las liquidaciones que legalmente les corresponden”, expuso.
El legislador calificó esta situación como una omisión institucional que afecta tanto los derechos laborales como las condiciones económicas de quienes concluyeron su relación laboral con el Poder Judicial.
“El retraso injustificado en el pago de estas prestaciones afecta no solo la estabilidad económica de quienes sirvieron al país durante décadas, sino también la confianza ciudadana en las instituciones y en el compromiso del Estado mexicano con la justicia laboral y la dignidad de sus servidores públicos”, afirmó.
Uno de los elementos centrales del Punto de Acuerdo se basa en el contenido del artículo Décimo Transitorio de la reforma judicial de 2024. Según recordó el diputado, dicha disposición reconoce el derecho de jueces y magistrados a recibir una indemnización equivalente a tres meses de salario integrado, además de veinte días por cada año de servicio y otras prestaciones correspondientes.
Con base en ese marco jurídico, Alonso Reyes argumentó que existe una obligación legal expresa que debe ser atendida por las autoridades competentes.
Por ello, solicitó que se agilicen los procedimientos administrativos, presupuestales y financieros necesarios para garantizar el cumplimiento de los pagos pendientes.
La iniciativa se inserta en un debate más amplio sobre la implementación de la reforma judicial, una de las modificaciones constitucionales de mayor alcance aprobadas durante los últimos años y que ha generado discusiones sobre la reorganización institucional del Poder Judicial, la situación de sus integrantes y los mecanismos para garantizar el respeto de los derechos laborales adquiridos.
Al cierre de su posicionamiento, el legislador priista sostuvo que cumplir con estas obligaciones representa no sólo una responsabilidad administrativa, sino también una exigencia constitucional vinculada al respeto de los derechos de quienes formaron parte de las instituciones encargadas de impartir justicia.
“El respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial representa una obligación constitucional y un acto de justicia para quienes dedicaron su vida profesional al fortalecimiento de las instituciones democráticas de México”, concluyó.
Con este exhorto, el PRI busca colocar nuevamente en la agenda legislativa los efectos laborales derivados de la reforma judicial y presionar para que las autoridades responsables definan una ruta que permita concluir los procesos de liquidación aún pendientes para integrantes del Poder Judicial de la Federación.