La llegada de una corona funeraria al domicilio de la diputada local de Sinaloa, Paola Gárate Valenzuela, trasladó el debate político al terreno de la seguridad y provocó una reacción inmediata de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, cuyos integrantes condenaron el acto de intimidación y solicitaron la intervención de las autoridades federales.
A través de posicionamientos públicos y de un Punto de Acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, las y los legisladores priistas expresaron su respaldo a la representante sinaloense y pidieron que el Gobierno Federal implemente medidas urgentes de protección para ella y su familia.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, encabezó el llamado al solicitar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional establezcan, de manera inmediata, un esquema de seguridad que garantice la integridad de la legisladora.
En el documento presentado ante la Comisión Permanente, el diputado federal también demandó que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y lleve a cabo una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables del envío de la corona funeraria, hecho que calificó como una amenaza directa contra el ejercicio de la representación popular.
La postura del PRI se construyó sobre el argumento de que los actos de intimidación contra representantes populares no solo afectan a la persona amenazada, sino que representan un riesgo para el funcionamiento democrático y la libertad de expresión en el país.
“La defensa de la legalidad, de la libertad de expresión y de la representación popular exige que quienes ejercen la función legislativa puedan hacerlo sin amenazas, sin presiones y sin poner en riesgo su integridad personal y la de sus seres queridos”, señaló Moreira Valdez en el exhorto.
El dirigente parlamentario también vinculó el caso con las denuncias que Paola Gárate ha realizado sobre la situación de seguridad en Sinaloa. Reconoció, según expuso el documento, “la valentía, responsabilidad y firmeza” con la que la diputada ha señalado hechos de violencia, la presunta intervención del crimen organizado en los procesos políticos y lo que calificó como una falta de respuesta de las autoridades estatales frente a la crisis de inseguridad.
Desde las redes sociales, las y los diputados federales del PRI manifestaron su solidaridad con la legisladora sinaloense y sostuvieron que el envío de la corona funeraria constituye un intento de sembrar miedo y silenciar voces críticas. En sus mensajes, hicieron un llamado a las autoridades federales y estatales para garantizar su seguridad e impedir que la violencia política continúe escalando.
En el Punto de Acuerdo, Rubén Moreira advirtió que “México y Sinaloa requieren instituciones fuertes, autoridades comprometidas y representantes populares libres para expresar sus ideas y cumplir con su responsabilidad frente a la sociedad: darle seguridad y devolver la paz a la población”.
La exigencia del grupo parlamentario incluye, además de las medidas de protección y la atracción del caso por parte de la FGR, el reconocimiento de que las amenazas y la intimidación no pueden convertirse en mecanismos para inhibir la denuncia pública ni el ejercicio de la función legislativa.
Al cierre de su posicionamiento, las y los diputados del PRI reiteraron su respaldo a Paola Gárate Valenzuela y sostuvieron que la defensa de la democracia pasa por garantizar que las diferencias políticas y las denuncias públicas se expresen en un entorno libre de violencia. “La democracia se defiende con libertad, no con amenazas”, concluye el exhorto presentado por la bancada priista.