En la Cámara de Diputados, el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, rechazó el proyecto de dictamen de la Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales impulsadas por el gobierno de Morena, al considerar que se trata de una norma injusta, ambigua y punitiva que criminaliza al sector agropecuario y a los productores de alimentos en México.
Moreira señaló que el gobierno reconoció errores en la iniciativa original y presentó cambios, pero calificó las modificaciones como insuficientes y peligrosas para los más pobres. “Lo que se pretende es simular que se escuchó a los productores, con cambios de forma que buscan engañar y aprobar la ley antes del 15 de diciembre”, afirmó.
En una mesa de análisis junto al economista Mario Di Costanzo y el abogado Julián Proa, el legislador reiteró que su voto será en contra mientras no se reinicie el proceso legislativo desde cero y se construya una ley justa y consultada con quienes trabajan la tierra. Advirtió que el proyecto incluye delitos duplicados y mal redactados, ya contemplados en otras normas, lo que genera un marco legal confuso y susceptible de persecución política.
El vicecoordinador del PRI, Alejandro Domínguez, subrayó que el dictamen consta de 537 páginas y contiene disposiciones oscuras y poco claras. Llamó a socializar el proyecto en todo el país mediante foros estatales, pues no aborda con precisión temas pecuarios, industriales y mineros. Alertó que se otorga a la Comisión Nacional del Agua la facultad de reducir volúmenes de extracción en concesiones sin participación de los productores, lo que centraliza el control y genera incertidumbre.
El abogado Miguel Sulub advirtió que se mantiene la prohibición de transmitir derechos de concesión y que los delitos hídricos ahora se denominan delitos contra las aguas nacionales, con redacciones que permiten criminalizar prácticas habituales del campo. Julián Proa añadió que las sanciones contemplan hasta ocho años de prisión y multas de cuatro millones de pesos, aplicables tanto a pequeños como a grandes productores, por acciones cotidianas como limpiar canales o ajustar sistemas de riego.
Mario Di Costanzo recordó que México enfrenta un rezago de más de 100 mil millones de pesos anuales en infraestructura hidráulica y criticó que la propuesta no contemple obligaciones presupuestarias para garantizar captación, mantenimiento o modernización del sistema hídrico nacional.
Los legisladores y especialistas coincidieron en que el proyecto refleja un afán recaudatorio y desatiende los problemas estructurales del campo. “No votaremos nada que perjudique a los mexicanos”, concluyó Moreira, al advertir que la iniciativa representa una simulación que pone en riesgo a los productores y al sistema agroalimentario del país.