La discusión sobre el estado de la infraestructura carretera llegó nuevamente a la agenda legislativa con una propuesta que busca limitar la posibilidad de reducir recursos destinados al mantenimiento de la red federal de caminos.
El diputado federal Emilio Suárez Licona, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para reformar el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el propósito de establecer una protección presupuestaria reforzada para los fondos destinados a la conservación y mantenimiento de las carreteras federales.
La propuesta fue planteada bajo el argumento de que la infraestructura vial constituye un elemento estratégico para la conectividad nacional, la movilidad de personas y mercancías, así como para la seguridad de quienes transitan por la red carretera del país.
Durante la exposición de motivos, el legislador sostuvo que el mantenimiento carretero no puede considerarse una actividad administrativa secundaria, debido a que su funcionamiento impacta directamente en la operación económica y social de distintas regiones.
“La conservación vial no es una actividad secundaria ni puramente administrativa, sino una función pública esencial y una condición material indispensable para garantizar la conectividad territorial, potenciar la movilidad de mercancías y reducir los riesgos de accidentes derivados del deterioro de los caminos”, señaló.
Suárez Licona advirtió que la legislación vigente permite que los recursos destinados a este rubro puedan disminuir entre ejercicios fiscales o incluso sufrir ajustes durante el año presupuestal en curso, situación que, a su juicio, genera incertidumbre para la conservación de la infraestructura carretera.
“Es imperativo reformar la ley para acabar con esta vulnerabilidad. Permitir que estos recursos queden expuestos a recortes genera una contradicción con la utilidad pública que el propio Estado le reconoce a la infraestructura”, afirmó.
La iniciativa plantea incorporar mecanismos de protección que impidan reducciones presupuestarias en áreas relacionadas con la conservación de la red federal de carreteras, bajo el argumento de que se trata de una actividad vinculada directamente con la seguridad pública y la movilidad nacional.
En su exposición, el legislador hizo referencia a diversos ordenamientos legales que reconocen la relevancia de la infraestructura vial. Citó el artículo 22 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como disposiciones contenidas en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, normas que establecen una relación entre las condiciones de las carreteras y la seguridad de los usuarios.
Sin embargo, sostuvo que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria carece de disposiciones específicas que protejan estos recursos frente a posibles ajustes financieros.
La argumentación de la iniciativa estuvo respaldada por cifras relacionadas con la siniestralidad vial en México. Suárez Licona señaló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2024 se registraron 374 mil 949 accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas.
De ese total, precisó, cuatro mil 656 siniestros fueron catalogados como fatales, 85 mil 980 dejaron personas lesionadas y 284 mil 313 ocasionaron daños materiales.
El diputado destacó especialmente esta última cifra al considerar que refleja el impacto económico y social que generan las condiciones de movilidad e infraestructura en el país.
“Estos últimos son particularmente relevantes para la presente iniciativa, pues demuestran que una parte muy importante de la siniestralidad vial genera afectaciones materiales directas, aun cuando no produzca pérdida de vidas”, expuso.
La propuesta surge en un contexto de debate sobre las prioridades presupuestarias del gobierno federal y la asignación de recursos para infraestructura, tema que ha generado posiciones encontradas entre distintas fuerzas políticas respecto al destino del gasto público y la atención de las redes de comunicación terrestre.
Al cierre de su planteamiento, Suárez Licona insistió en que la suficiencia presupuestal para el mantenimiento de carreteras debe asumirse como una obligación permanente del Estado y no como una partida susceptible de ajustes discrecionales.
Finalmente, el legislador llamó a consolidar un blindaje financiero que permita garantizar la conservación de la red carretera federal y evitar que las restricciones presupuestarias afecten una infraestructura que diariamente utilizan millones de personas para actividades productivas, comerciales y de transporte en todo el país.
La iniciativa fue turnada para su análisis legislativo y se suma a los debates que actualmente se desarrollan en el Congreso en torno a la planeación presupuestal, la seguridad vial y el papel de la infraestructura como elemento de desarrollo económico y conectividad nacional.