El diputado federal Rubén Moreira Valdez afirmó que los lineamientos en materia de derechos de las audiencias impulsados por Morena representan un intento por controlar la información y advirtió que, bajo ese esquema, “se construye una dictadura” en el país.
Durante su programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, el legislador sostuvo que, con el argumento de proteger a las audiencias, el gobierno busca establecer mecanismos para decidir qué contenidos pueden difundirse y cuáles no. “Que no engañen a la gente: no va a haber un defensor, va a haber un censor”, expresó.
Moreira señaló que estos lineamientos permitirían calificar información como “verdadera”, “falsa” o “descontextualizada”, lo que, dijo, abre la puerta a decisiones discrecionales sobre contenidos informativos. Añadió que incluso podría derivar en la definición de qué programas puede ver la ciudadanía.
El legislador también cuestionó acciones de gobiernos estatales emanados de Morena en relación con el ejercicio periodístico, al referir casos donde se han planteado listas de periodistas, sanciones penales o mecanismos de vigilancia. Asimismo, hizo referencia al seguimiento que, según lo expuesto en conferencias oficiales, realiza la Consejería Jurídica del Ejecutivo sobre publicaciones en redes sociales con alto alcance, particularmente críticas al gobierno.
En ese contexto, puso como ejemplo la discusión en torno al caso del asesinato de Héctor Cuén en Culiacán, al señalar que existen versiones y documentos distintos, lo que, afirmó, evidenciaría la dificultad de determinar de forma unilateral la veracidad de la información.
Por su parte, el abogado Miguel Ángel Sulub Caamal indicó que el derecho de las audiencias está vinculado directamente con el derecho a la información, y advirtió que el reglamento propuesto podría afectar la libertad de expresión y la libre difusión de ideas. Señaló como preocupante el monitoreo de publicaciones en redes sociales, al considerar que puede derivar en vigilancia y presión sobre quienes ejercen su derecho a expresarse.
A su vez, Mario Di Costanzo calificó la propuesta como una “ley mordaza” y vinculó el debate con el contexto económico, al señalar condiciones adversas para las familias, como incremento de precios y mayor endeudamiento.
Moreira concluyó que el país enfrenta un escenario donde, bajo la regulación de contenidos, se podría avanzar hacia un modelo de control informativo, al tiempo que insistió en que los lineamientos deben analizarse por su impacto en derechos como la libertad de expresión y el acceso a la información.