El Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazó la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó a su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, retirar de sus redes sociales publicaciones en las que califica a Morena como un «narcopartido», al sostener que la medida representa un acto de censura y un intento por limitar la libertad de expresión de la oposición.
A través de un posicionamiento, el partido calificó la determinación del órgano electoral como una acción de intimidación política y aseguró que la resolución refleja un uso de las instituciones para restringir las críticas dirigidas al partido en el poder.
El PRI sostuvo que la decisión del INE constituye un precedente que, a su juicio, vulnera el derecho de actores políticos y ciudadanos a expresar opiniones sobre asuntos de interés público, particularmente en un contexto de debate político rumbo al proceso electoral de 2027.
En su comunicado, el instituto político afirmó que la resolución busca impedir que se difundan señalamientos contra Morena relacionados con presuntos vínculos con la delincuencia organizada, y aseguró que dichas afirmaciones se sustentan, según su postura, en investigaciones nacionales e internacionales.
El partido también vinculó la resolución del árbitro electoral con la propuesta del Gobierno Federal para someter a consulta nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias en radio y televisión, al considerar que ambas acciones forman parte de una estrategia para incrementar el control sobre la difusión de contenidos y las expresiones críticas.
En ese contexto, el PRI acusó que el país enfrenta un intento por restringir el debate público y advirtió que las decisiones adoptadas por las autoridades podrían afectar la autonomía de las instituciones encargadas de garantizar los derechos políticos y las libertades constitucionales.
Asimismo, cuestionó la independencia del Instituto Nacional Electoral al señalar que la resolución evidencia una pérdida de autonomía en un momento previo al inicio del proceso electoral de 2027, por lo que demandó un órgano electoral que actúe con imparcialidad y apego a la ley.
El pronunciamiento también sostiene que el gobierno pretende modificar la percepción ciudadana mediante sanciones a publicaciones en redes sociales y mediante nuevas disposiciones regulatorias para los medios de comunicación, a las que el PRI se refiere como una «Ley mordaza«.
Finalmente, el partido anunció que impugnará la resolución por las vías legales y aseguró que mantendrá su estrategia de oposición política. «No nos vamos a dejar censurar, no nos van a asustar y los vamos a seguir denunciando», expresó el PRI al concluir su posicionamiento, en el que afirmó que continuará defendiendo, desde su perspectiva, la libertad de expresión y el derecho de la oposición a cuestionar al gobierno.