A pesar de que las candidaturas judiciales fueron aprobadas por ambas cámaras del Congreso, los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado, Gerardo Fernández Noroña, han solicitado la cancelación de 26 registros ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por presunto incumplimiento de requisitos constitucionales y académicos. La petición también ha sido turnada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para su revisión.
Aval legislativo… pero con señalamientos
El proceso de selección, que se llevó a cabo en el Senado y fue avalado por la Cámara de Diputados, ha sido fuertemente cuestionado tras revelarse que al menos 18 aspirantes no cumplen con el requisito de “buena reputación” estipulado en los artículos 95 y 97 de la Constitución. Estos aspirantes estarían vinculados a investigaciones penales vigentes, incluidos delitos como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada.
A esto se suman ocho candidaturas más que no alcanzan el promedio mínimo de 8.0 en su formación universitaria, requisito indispensable para optar por un cargo de jueza, juez o magistrado, según las bases del proceso extraordinario 2024-2025.
Un proceso con errores reconocidos
En una admisión poco común desde el ámbito legislativo, ambos presidentes reconocieron públicamente errores en el proceso de selección, pero argumentaron que es responsabilidad de las instituciones democráticas corregir el rumbo. “Acudimos a la Suprema Corte no por un capricho político, sino para salvaguardar la legalidad y legitimidad de este proceso”, dijo Gutiérrez Luna.
Por su parte, Fernández Noroña añadió que “la legitimidad del Poder Judicial no puede estar comprometida por expedientes oscuros o trayectorias académicas débiles”.
Argumentos centrales
El documento presentado ante el INE y la SCJN incluye:
- Evidencia documental de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión.
- Vínculos de algunos aspirantes como defensores de personas relacionadas con el crimen organizado, lo cual, afirman, representa un claro conflicto de interés.
- Promedios académicos por debajo del mínimo legal, que oscilan entre 7.0 y 7.93.
Reforma judicial bajo la lupa
En un contexto de reforma al Poder Judicial y elección de jueces por voto popular, la exigencia de estándares éticos y académicos ha cobrado mayor relevancia. Gutiérrez Luna subrayó que “la elección por voto no exime del cumplimiento de los requisitos legales y éticos. Permitir registros irregulares socava la credibilidad de toda la reforma judicial”.
La petición al INE incluye la cancelación inmediata de los registros impugnados, con el argumento de preservar la integridad, imparcialidad y confianza pública en quienes administrarán justicia.