Unión Mujer, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California presentaron el proyecto “Protocolo Seguro”, una iniciativa orientada a mejorar la detección temprana, la atención sin revictimización y la canalización adecuada de casos de violencia contra mujeres, niñas y niños en instituciones públicas, particularmente en el sector salud.
El proyecto surge en un contexto donde organismos nacionales e internacionales han documentado incrementos sostenidos en distintos tipos de violencia. La Organización Mundial de la Salud reporta que una de cada tres mujeres en el mundo ha enfrentado violencia a lo largo de su vida, mientras que la ENDIREH 2021 señala que el 70% de las mujeres en México ha vivido al menos una situación de violencia. A nivel nacional, los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran aumentos de 156% en violencia sexual, 109% en violencia familiar y 297% en delitos de violencia de género entre 2015 y 2025.
Datos del INEGI indican que entre 2019 y 2024, 504,661 mujeres acudieron a una instancia médica por lesiones derivadas de violencia familiar. Sin embargo, solo 20% de las víctimas solicita apoyo o presenta denuncia, y únicamente 13% de quienes sufrieron violencia de pareja acudieron a una institución. Entre las razones de la baja denuncia se encuentran el miedo a no ser creídas, el temor a ser juzgadas y la percepción de que no recibirán ayuda, lo que evidencia barreras institucionales que dificultan la detección oportuna y pueden derivar en procesos de revictimización.
Ante este panorama, el proyecto “Protocolo Seguro” busca fortalecer las capacidades institucionales mediante herramientas formativas y de apoyo práctico dirigidas al personal de salud. La iniciativa contempla dos componentes principales: materiales audiovisuales para sensibilizar y capacitar en la identificación de signos de violencia, y una herramienta práctica que facilita la detección, actuación y canalización de casos, promoviendo una atención centrada en la persona.
El protocolo tiene como objetivos facilitar la identificación temprana de casos desde el primer contacto institucional, fortalecer la aplicación de la normativa vigente, mejorar la coordinación intersectorial entre salud, trabajo social y seguridad, y promover una atención ética y respetuosa de los derechos humanos. Aunque inicialmente está dirigido al personal hospitalario, se prevé su ampliación a otros puntos de contacto institucional como trabajo social, psicología, personal administrativo, paramédicos y guardias de seguridad.
Las instituciones impulsoras señalaron que el propósito central es transformar la norma en acción, fortalecer la capacidad institucional para proteger vidas, prevenir violencias y garantizar una atención digna a mujeres víctimas de agresiones. El proyecto es coordinado por la licenciada Brittany Noelia Cisneros Somoza.