El proceso legislativo que despenalizó el aborto en Michoacán enfrenta una nueva controversia, luego de que ciudadanos y organizaciones interpusieran 15 amparos ante el Poder Judicial Federal. Estas acciones legales buscan cuestionar la validez del proceso legislativo y defender lo que consideran la protección de la vida desde la concepción.
Gilberto Pizarro, representante de los promoventes, criticó la celeridad y falta de transparencia con la que, a su juicio, se aprobó la iniciativa en el Congreso local. “Queremos que, como gobernados, cuando haya una iniciativa de ley pase por las etapas legales, que haya un proceso bien observado”, afirmó. Según Pizarro, los procedimientos rápidos y la exclusión de voces opositoras al proyecto generan un clima de impunidad y violaciones a la legalidad.
Los promoventes de los amparos argumentan que el Congreso actuó de manera apresurada, dejando fuera del debate a organizaciones interesadas en participar. Además, señalaron que algunas resoluciones internacionales citadas en el dictamen no son vinculantes para el Estado mexicano, lo que, según ellos, invalida parte de los argumentos utilizados para justificar la reforma.
Pizarro también expresó escepticismo sobre la disposición del Congreso y del Gobierno para cumplir con eventuales resoluciones del Poder Judicial, aludiendo a antecedentes de desacato en otros niveles de gobierno. No obstante, confía en que los jueces de distrito emitan resoluciones que obliguen a los legisladores a respetar el debido proceso.
Se espera que en los próximos días aumente el número de personas que se adhieran a esta acción legal. “Queremos que realmente seamos escuchados, que el tribunal, como en su origen fue concebido, resuelva las injusticias y garantice que los procedimientos se realicen conforme a la ley”, concluyó Pizarro.
Este caso podría abrir un nuevo capítulo en el debate sobre la despenalización del aborto en Michoacán, una medida que ha generado divisiones profundas entre diferentes sectores de la sociedad.