El dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo, informó que legisladores del partido solicitaron a la Auditoría Superior de Michoacán revisar el cobro del impuesto predial en Uruapan, luego de detectar incrementos que, según señaló, alcanzan entre 300% y 1000% respecto a lo aprobado en la Ley de Ingresos municipal.
Durante una conferencia de prensa, Ocampo explicó que los ayuntamientos no pueden modificar unilateralmente los montos autorizados por el Congreso del Estado. “Ningún municipio puede hacer el aumento del predial si no pasa por el Congreso… no se puede”, afirmó al señalar que cualquier ajuste debe estar sustentado en el marco normativo vigente.
El dirigente precisó que los municipios sí pueden actualizar su catastro, pero dicha actualización debe incorporarse antes de la aprobación de la Ley de Ingresos y aplicarse hasta el ejercicio fiscal siguiente. “La actualización tiene que ser antes de la aprobación… lo incorrecto es cobrarlo sobre lo ya autorizado”, indicó.
Ocampo anunció que el partido habilitará sus oficinas en Uruapan para brindar acompañamiento legal a los ciudadanos afectados mediante juicios de nulidad o amparos. “Vamos a ofrecerles a los uruapenses las oficinas del partido… para tener algunos abogados que estén tramitando un juicio de nulidad o solicitar el amparo”, señaló.
El dirigente reiteró que los incrementos detectados son significativos. “A algunos se les está cobrando el 300% más o hasta el 1000% más de lo que tenían que pagar”, expuso.
Consultado sobre posibles responsabilidades administrativas o políticas, Ocampo aclaró que el caso no deriva automáticamente en juicio político. “El juicio político no vendrá por esa parte… solo si hubiera desacato después de una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa”, puntualizó.
Finalmente, el dirigente estatal pidió no convertir el asunto en una disputa partidista. “No debe politizarse… hay que resolverle a los uruapenses”, afirmó al insistir en que la prioridad debe ser corregir los cobros y garantizar certeza jurídica a los contribuyentes.
La solicitud de auditoría quedó formalmente presentada ante la Auditoría Superior de Michoacán, que deberá determinar si existieron irregularidades en la aplicación del impuesto.