La Secretaría de las Mujeres del PRD Michoacán denunció que dos regidoras del partido, Magali Salazar, de Tiquicheo, y Laura Carmona, de Lázaro Cárdenas, tuvieron restringida su posibilidad de expresarse durante los segundos informes de gobierno municipal, por lo que demandó garantizar el ejercicio pleno de sus responsabilidades públicas.
A través de un posicionamiento difundido este martes, el partido sostuvo que “callar a una mujer en el ejercicio de su cargo también es una forma de excluirla de la vida pública” y señaló que cualquier acto que limite, obstaculice o menoscabe el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres debe ser rechazado.
El documento, firmado por la Secretaría de las Mujeres del PRD Michoacán, señala que la participación política de las mujeres y la construcción de espacios de representación en condiciones de igualdad forman parte de los principios que el partido ha sostenido a lo largo de su historia.
En el caso de las regidoras, el PRD Michoacán refiere que durante los segundos informes de gobierno municipal se restringió su posibilidad de expresarse en el ejercicio de sus responsabilidades públicas. El posicionamiento identifica a Magali Salazar, regidora en Tiquicheo, y Laura Carmona, en Lázaro Cárdenas.
El comunicado no precisa las circunstancias en que se produjo la restricción ni identifica en el documento a las personas responsables de impedir o limitar la participación de las regidoras. El partido, sin embargo, plantea que este tipo de hechos deben ser analizados cuando existan elementos que pudieran constituir violencia política contra las mujeres en razón de género.
“Una mujer electa por la ciudadanía no puede ser relegada ni silenciada”, establece el posicionamiento, en el que se sostiene además que el derecho a ser votada no concluye con la elección, sino que comprende el ejercicio pleno del cargo, la participación en la deliberación pública y la posibilidad de expresar las posiciones correspondientes a la representación obtenida.
La Secretaría de las Mujeres del PRD Michoacán también rechazó que la participación de las mujeres en los gobiernos municipales deba limitarse a ocupar espacios para cumplir con una cuota.
“No queremos mujeres ocupando espacios sólo para cumplir una cuota; las queremos con voz, autonomía, capacidad de decisión y pleno ejercicio de sus atribuciones”, señala el documento.
A partir de ese planteamiento, el partido hizo un llamado a las autoridades municipales para garantizar condiciones de igualdad, respeto y no discriminación en los cabildos, órganos en los que las regidoras ejercen funciones derivadas de la representación otorgada mediante el voto.
El PRD Michoacán vinculó además el ejercicio de los informes de gobierno con la rendición de cuentas y la pluralidad política. Sostuvo que estos ejercicios deben desarrollarse bajo principios democráticos y sin espacios destinados a limitar las voces de quienes integran los ayuntamientos.
El posicionamiento establece que, cuando existan elementos que pudieran constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, el partido acompañará a sus regidoras y recurrirá a las instancias competentes para que los hechos sean analizados y, en su caso, se determinen responsabilidades y las medidas de reparación correspondientes conforme a derecho.
El pronunciamiento coloca así el ejercicio efectivo del cargo público en el centro de la discusión: para el PRD Michoacán, la participación de una mujer electa no se agota en acceder al puesto, sino que implica contar con las condiciones necesarias para intervenir en la deliberación, expresar posiciones y ejercer las atribuciones que corresponden a su representación.
La denuncia de las restricciones señaladas en Tiquicheo y Lázaro Cárdenas abre ahora la posibilidad de que los hechos sean llevados ante las instancias competentes, en caso de que existan elementos que permitan determinar una conducta constitutiva de violencia política contra las mujeres en razón de género.
El mensaje del PRD Michoacán es directo: impedir que una mujer ejerza la voz que le corresponde por el cargo para el que fue electa no sólo limita su participación dentro de un cabildo, sino que, bajo la interpretación planteada por el partido, constituye una forma de excluirla del ejercicio de la vida pública.