Con la unanimidad de 441 votos a favor y mayoría calificada, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política, en materia de seguridad pública.
El documento, enviado a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para sus efectos constitucionales, establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esa función.
Precisa que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines, mismos que serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Sistema Nacional de Seguridad a través del Secretariado Ejecutivo.
Además, el Sistema contará con un Secretariado Ejecutivo, el cual podrá ampliar las bases, emitir acuerdos y lineamientos, así como realizar las acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios, así como una coordinación eficiente, transparente y responsable, en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes; en todo momento en atención a los fines del Sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
También, la Secretaría del ramo de Seguridad Pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos; auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional y le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, en los términos que señale la ley.
Podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno, a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán proporcionar la información de que dispongan o que recaben en la materia conforme a la ley. Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos.
En el régimen transitorio, menciona que, en el término de noventa días naturales, contados a partir de la publicación del presente decreto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizará la armonización normativa de los instrumentos jurídicos que correspondan.
Mientras que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del decreto se cubrirán con cargo al presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que no se asignarán partidas presupuestales adicionales durante el presente ejercicio fiscal.
La reforma tiene tres ejes fundamentales
En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada Jessica Saiden Quiroz (Morena) indicó que la reforma se compone de tres ejes fundamentales: la integración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la investigación de delitos, la coordinación interinstitucional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el fortalecimiento en las acciones de seguridad ciudadana.
Mencionó que dentro de las modificaciones al artículo 21 constitucional, se establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y se adiciona a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal y otras instancias como la Guardia Nacional y las policías.
También, se fortalece la investigación de los delitos, garantiza el control y la vigilancia de los fondos federales destinados a la seguridad pública, y establece la existencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como sus atribuciones generales para emitir acuerdos y lineamientos para la realización de acciones que homologuen estándares de actuación.
Además, expuso, se robustecen las atribuciones de la Secretaría en cuanto a la coordinación y a la dirección de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y al auxilio de la persona titular de la presidencia de la República.
Consideró que el dictamen consolida la estrategia combatiendo la delincuencia y reduce la criminalidad, reforzando las atribuciones de la Secretaría al dotarla de mayores herramientas para mejorar su capacidad operativa, combatir el crimen y ayudar a contribuir a la construcción de un país más seguro.
Una estrategia de seguridad publica sólida, resaltó, debe estar bien coordinada a nivel federal estatal y municipal, y con las nuevas atribuciones, la Secretaría podrá lograr una mayor coordinación entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, permitiendo que los recursos y esfuerzos se dirijan de manera eficiente, evitando duplicidades y asegurando que las policías de seguridad sean coherentes en todo el país.
Saiden Quiroz destacó que la reforma dará lugar a más recursos, personal y más herramientas en tecnología y podrá mejorar sus capacidades operativas y de pronta respuesta ante situaciones de emergencia. “La policía siempre debe estar mejor equipada y entrenada para enfrentar de manera efectiva las amenazas emergentes como el crimen organizado, los delitos cibernéticos y otros fenómenos de criminalidad compleja”.
Al contar con mayores atribuciones y recursos, afirmó, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana podrá desplegar estrategias más efectivas, incluyendo operaciones de inteligencia, investigaciones y colaboración con otras agencias internacionales, ayudando a combatir a las organizaciones criminales y reduciendo de manera significativa los índices de violencia y otros delitos asociados, como el narcotráfico, secuestro y extorsión.