Por Amaury Sánchez González
Andrés Manuel López Obrador dejó la Presidencia, pero no necesariamente el centro de la política mexicana. Se retiró de Palacio Nacional, redujo drásticamente sus apariciones públicas y dejó el gobierno en manos de Claudia Sheinbaum, pero después de décadas construyendo un movimiento alrededor de su liderazgo era imposible imaginar que su influencia simbólica desaparecería junto con el último minuto de su mandato. El poder constitucional cambió de manos; el obradorismo, en cambio, continúa teniendo fundador, memoria y apellido.
Por eso la controversia alrededor de Andrés Manuel López Beltrán resulta políticamente más importante de lo que parece. Estados Unidos le revocó la visa. El hecho está confirmado; las razones específicas no han sido explicadas públicamente por Washington. Todo lo demás pertenece, por ahora, al territorio de las interpretaciones. Convertir la decisión en prueba automática de culpabilidad sería tan irresponsable como asegurar, sin evidencia, que se trata exclusivamente de una persecución diseñada para golpear a su padre.
El problema de Andy es que hace tiempo dejó de ser solamente el hijo de un expresidente. Decidió entrar formalmente en política, ocupó una posición relevante en Morena y ahora pretende construir una trayectoria electoral propia. Tiene exactamente el mismo derecho que cualquier mexicano a hacerlo. Ser hijo de López Obrador no debería inhabilitarlo, pero tampoco tendría sentido exigir que sea tratado como ciudadano privado cuando voluntariamente decidió convertirse en actor público.
Ahí comienza la verdadera discusión.
El apellido López Obrador es probablemente uno de los mayores capitales políticos disponibles dentro de Morena. Abre puertas, moviliza afectos, provoca lealtades y conecta inmediatamente con millones de mexicanos que siguen identificando la Cuarta Transformación con el hombre que la construyó. Pero ese mismo apellido concentra adversarios, sospechas y reflectores. Andy no puede recibir solamente los dividendos de la herencia y declararse ajeno a sus costos. En política, los apellidos poderosos nunca vienen solos.
La pregunta importante tampoco consiste en determinar si los hijos de López Obrador deberían retirarse de la vida pública. Exigirlo sería profundamente antidemocrático. La cuestión es establecer hasta dónde puede crecer políticamente el hijo del fundador sin alimentar la percepción de que un movimiento que nació denunciando privilegios comienza a reproducir mecanismos de sucesión familiar que durante años criticó en sus adversarios.
Y entonces aparece Claudia Sheinbaum.
Porque cada controversia importante alrededor de la familia López Obrador corre el riesgo de terminar frente a la Presidenta. La visa fue un ejemplo. La decisión correspondió a Estados Unidos, el afectado fue Andrés Manuel López Beltrán y, sin embargo, Palacio Nacional terminó obligado a fijar posición.
Ése es el dilema que probablemente acompañará a Sheinbaum durante buena parte de su mandato. Ella llegó a la Presidencia gracias a una fuerza política construida en gran medida por López Obrador, pero recibió un mandato propio y gobierna bajo su propia responsabilidad. Necesita preservar una herencia que explica buena parte de su legitimidad sin quedar atrapada dentro de ella.
No necesita romper con López Obrador para demostrar autoridad. Ésa sería una lectura demasiado elemental del poder. Puede existir continuidad de proyecto y autonomía presidencial al mismo tiempo. Lo complicado comienza cuando los personajes asociados al expresidente generan circunstancias que obligan a la actual mandataria a escoger entre defender, deslindarse o guardar silencio.
Por eso Andy puede convertirse en un problema para Claudia sin necesidad de convertirse jamás en su adversario. Basta con que acumule poder, presencia y controversias para que alrededor suyo aparezca una pregunta inevitable: cuánto de ese poder pertenece al político que intenta construir y cuánto procede del hombre cuyo apellido lleva.
Para López Obrador existe además una paradoja histórica difícil de ignorar. Construyó buena parte de su carrera denunciando élites, privilegios, nepotismos y familias acostumbradas a permanecer alrededor del poder. Precisamente por eso cualquier ascenso político de su hijo será sometido a un escrutinio mucho mayor que el de un militante común. Quizá sea injusto en algunos momentos, pero resulta políticamente inevitable.
El asunto, entonces, no es la visa. La visa pasará.
Lo que permanecerá es una discusión bastante más profunda sobre el futuro de Morena y la naturaleza del poder después de López Obrador.
Los movimientos construidos alrededor de grandes liderazgos siempre enfrentan el mismo problema cuando llega la sucesión: decidir si el fundador dejó instituciones suficientemente fuertes para sobrevivir sin él o solamente una enorme sombra bajo la cual deberán acomodarse quienes vengan después.
Claudia Sheinbaum tendrá que resolver esa ecuación.
Debe cuidar el legado del hombre que hizo posible buena parte del movimiento que hoy gobierna México, pero también construir el suyo. Porque una Presidencia puede recibirse políticamente de un antecesor, pero la autoridad no se hereda: se ejerce.
Y quizá ahí se encuentre la verdadera historia entre el hijo, el padre y la Presidenta.
Andy tiene derecho a buscar su propio destino. López Obrador tiene derecho a defender su legado. Pero Claudia Sheinbaum tiene algo que ninguno de los dos posee ya o posee todavía: la Presidencia de la República.
Y en política mexicana, tarde o temprano, ése sigue siendo el poder que cuenta.