El Poder Judicial de la Federación determinó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha incumplido con su obligación de transparentar y transferir al Archivo General de la Nación (AGN) los expedientes militares relacionados con graves violaciones a derechos humanos y persecución política cometidas durante el periodo de 1965 a 1990.
La resolución fue emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver, el pasado 6 de agosto, el amparo en revisión 43/2025, promovido por Alicia de los Ríos Merino, quien busca información sobre su madre, del mismo nombre, desaparecida en 1978.
Por mayoría de dos votos, las magistradas Sandra Janet Hernández Chávez y Ana María Ibarra Olguín concedieron el amparo y determinaron que, ante las dificultades para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, debe establecerse una Comisión de Transferencia de Archivos con carácter imparcial y participación del Archivo General de la Nación.
El objetivo será identificar, catalogar, conservar y transferir al AGN la documentación militar correspondiente al periodo señalado, conforme a la instrucción presidencial publicada en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2019.
Archivos militares, en el centro de la disputa
El acuerdo presidencial de 2019 estableció la transferencia al Archivo General de la Nación de documentos históricos relacionados con graves violaciones a derechos humanos y persecuciones políticas cometidas contra movimientos políticos y sociales del pasado, además de garantizar el acceso público a la información.
La obligación comprende a las dependencias de la Administración Pública Federal, incluida la Sedena. Sin embargo, de acuerdo con los promoventes, los archivos militares correspondientes a ese periodo no han sido transferidos íntegramente al AGN.
La relevancia de estos documentos quedó expuesta durante los trabajos del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), que tuvo acceso a archivos de la Sedena y localizó documentación que hasta entonces no había sido identificada públicamente.
Según el informe Las formas del silencio, publicado en octubre de 2023, durante los trabajos de investigación se documentaron obstáculos para consultar determinados archivos, así como la alteración, ocultamiento y posterior negativa de acceso a documentación considerada relevante para esclarecer violaciones a derechos humanos y establecer líneas de búsqueda de personas desaparecidas.
Ante esta situación, Alicia de los Ríos Merino, acompañada por ARTICLE 19 y el Centro Prodh, promovió un juicio de amparo en noviembre de 2023 con el propósito de garantizar la preservación y consulta de los documentos.
Comisión deberá intervenir en la transferencia
Durante la discusión del amparo en revisión, uno de los puntos centrales fue establecer medidas concretas para garantizar que la documentación sea identificada y transferida al AGN.
El Tribunal determinó que la resolución debe contemplar la creación de una Comisión de Transferencia de Archivos, con participación de integrantes del Archivo General de la Nación y bajo un esquema que permita realizar el proceso de identificación y transferencia de los documentos militares.
Las organizaciones que acompañaron el litigio consideraron que la resolución representa un avance para garantizar el derecho a la verdad y las obligaciones del Estado mexicano frente a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos cometidas durante la denominada “Guerra Sucia”.
También plantearon que la comisión deberá operar con transparencia, preservar la integridad de los documentos y asegurar que los archivos sean efectivamente entregados al AGN.
Para Alicia de los Ríos Merino y otras familias de personas desaparecidas durante ese periodo, los archivos militares constituyen una fuente potencial de información para conocer el paradero de sus familiares, reconstruir hechos y establecer responsabilidades.
Las organizaciones llamaron al Estado mexicano a cumplir la sentencia y señalaron que la implementación del fallo dependerá de la actuación coordinada de las instituciones involucradas.
La resolución coloca nuevamente bajo escrutinio la obligación de las autoridades de preservar y abrir los archivos relacionados con las violaciones a derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, así como el papel de la documentación militar en la búsqueda de personas desaparecidas y en el esclarecimiento de responsabilidades.