La Diputada por Acción Nacional, Isabel Rosales, presentó este día una reforma de ley al artículo 57 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismo Descentralizados; para establecer la atención psicológica gratuita como parte de las prestaciones de ley, en los centros laborales de orden público.
Lo anterior, dijo, a partir de que muchos trabajadores están expuestos y enfrentan actualmente problemas emocionales derivado de múltiples circunstancias sociales, así como económicas, ambientales y de otra índole; y que al no ser atendidos afectan su entorno familiar y laboral.
La legisladora del PAN destacó que si bien en la ley se consideran ya los beneficios de seguridad social para atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria; no está contemplada la atención psicológica, fundamental para el buen desempeño y productividad de los trabajadores.
Al mismo tiempo, recordó que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral. En el caso particular de Aguascalientes, añadió, cuando menos el cuarenta y cinco por ciento de la población padece de ansiedad y dos de cada diez trabajadores caen en cuadros de depresión.
Esta situación, dijo, afecta directamente su capacidad, forma de relacionarse y desempeño en sus centros de trabajo.
«Una persona estresada presenta con mayor frecuencia enfermedades y está poco motivada, es menos productiva y tiene menos estabilidad laboral. El estrés y los problemas emocionales no solo afectan la salud y el bienestar de los trabajadores, sino también la productividad de una organización», señaló en tribuna.
La Diputada Isabel Rosales reconoció que si bien una reforma de esta naturaleza tendría un impacto presupuestal en diferentes esferas, debe haber una reflexión profunda y detenida sobre la importancia de la salud mental y emocional de los trabajadores, así como su atención puntual en los centros laborales públicos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Servidores Públicos para su dictaminación.