Ante los reportes de desabasto de medicamentos y los gastos que pacientes deben asumir para mantener sus tratamientos, el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud e integrante del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para incorporar en la Ley General de Salud el derecho al reembolso cuando las instituciones públicas no suministren medicamentos o insumos prescritos.
El legislador cuestionó la distancia entre los indicadores oficiales de abasto y la percepción de los usuarios. Citó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del Inegi, según la cual 42.8% de los usuarios del IMSS, 42.3% del ISSSTE y 34.1% del IMSS-Bienestar evaluaron favorablemente la disponibilidad de medicamentos.
Ramírez Barba contrastó esas cifras con el reporte del gobierno federal, que sostiene niveles promedio de abasto superiores a 98% en IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.
A estos datos agregó los registros de Cero Desabasto. Según la información citada por el diputado, desde la creación de la plataforma en 2019 y hasta el 16 de julio de 2026 se acumularon 12 mil 974 reportes de pacientes y organizaciones por falta de medicamentos, de los cuales 270 corresponden a 2026.
Entre 2022 y 2026, el IMSS concentró 2 mil 11 reportes por falta de medicamentos, insumos y material de curación; IMSS-Bienestar registró mil 213; ISSSTE, 432; Pemex, 23, y la Secretaría de la Defensa Nacional, 22.
El legislador también puso en el centro de su argumento el costo de la Megafarmacia del Bienestar. De acuerdo con las cifras que presentó, la infraestructura alcanzó un costo estimado de 17 mil 635 millones de pesos, al considerar la inversión realizada y los recursos proyectados para su operación.
“Si el Gobierno puede comprometer más de 17 mil millones de pesos en una Megafarmacia que no resolvió el desabasto, también puede establecer recursos para reembolsar a los pacientes que tienen que comprar de su bolsillo los medicamentos que el propio sistema público debía entregarles”, sostuvo.
La iniciativa plantea adicionar el artículo 34 Bis a la Ley General de Salud para establecer un mecanismo mediante el cual los pacientes puedan recuperar el dinero destinado a medicamentos o insumos que debieron ser proporcionados por una institución pública.
El reembolso procedería cuando exista una prescripción o indicación emitida por la propia institución, se acredite que el medicamento no fue suministrado, total o parcialmente, y el paciente compruebe que tuvo que adquirirlo con recursos propios para iniciar o continuar su tratamiento.
La propuesta retoma además un criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en octubre de 2023, mediante la jurisprudencia 1a./J. 153/2023 (11a.), con registro digital 2027441. Ese criterio reconoce que, cuando la falta o entrega tardía de un medicamento obliga al paciente a adquirirlo por cuenta propia para evitar afectaciones a su salud, puede proceder el reembolso.
“La Suprema Corte ya reconoció este derecho. Lo que estamos proponiendo es que ningún mexicano tenga que promover un amparo y llegar hasta los tribunales para recuperar el dinero que tuvo que gastar porque una institución pública no le entregó su medicamento”, afirmó Ramírez Barba.
El proyecto establece que el reembolso no sustituiría la obligación de las instituciones públicas de garantizar el suministro. La responsabilidad principal seguiría siendo entregar los medicamentos de manera oportuna y continua.
“No estamos proponiendo que el paciente salga normalmente a comprar sus medicamentos. La obligación del Estado sigue siendo entregarlos. Lo que decimos es que, si el Gobierno falla y obliga a una familia a pagar para no interrumpir un tratamiento, ese dinero tiene que regresar a su bolsillo”, puntualizó.
El diputado también señaló que 38.3% del gasto en salud corresponde a medicamentos y sostuvo que 287 mil hogares cayeron en pobreza por gastos relacionados con atención médica, cifra que, según sus datos, representa un incremento de 60% respecto de hace seis años.
La propuesta será incorporada a la agenda legislativa del PAN para el próximo periodo ordinario de sesiones. Ramírez Barba recordó que en julio de 2026 la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados desechó una iniciativa presentada por legisladores panistas que planteaba un mecanismo similar.
“Morena ya rechazó que los pacientes recuperen el dinero que gastan cuando el Gobierno no les entrega sus medicamentos. Hoy tiene la oportunidad de corregir. No puede seguir negando en el Congreso un derecho que la propia Suprema Corte ya reconoció”, afirmó.
El legislador sostuvo que el mecanismo tendría particular relevancia para pacientes con cáncer, enfermedades raras, diabetes, enfermedades renales y otros padecimientos crónicos o degenerativos, debido a las consecuencias que puede generar la interrupción de tratamientos.
“Para estos pacientes el desabasto no es un problema administrativo. Una semana o un mes sin medicamento puede significar complicaciones, progresión de la enfermedad, hospitalización o poner en riesgo su vida”, señaló.
La iniciativa busca convertir en una obligación legal un mecanismo de reembolso que, de acuerdo con el planteamiento del PAN, permita trasladar al Estado el costo económico generado cuando una institución pública incumple con la entrega de un tratamiento que previamente prescribió.