El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para imponer penas de 80 a 140 años de prisión a servidores públicos que se coludan, colaboren o faciliten actividades del crimen organizado, además de establecer que estas conductas sean imprescriptibles.
La propuesta, presentada el 2 de septiembre, forma parte de las prioridades legislativas anunciadas por Acción Nacional durante su reunión plenaria en La Paz, Baja California Sur, y del compromiso planteado por el presidente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, para combatir la infiltración del crimen organizado en las instituciones y la impunidad asociada a los llamados “narcopolíticos”.
La iniciativa plantea reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para establecer penas de 80 a 140 años de prisión, multas de hasta 24 mil días y el carácter imprescriptible de las sanciones para las conductas previstas.
El coordinador parlamentario del PAN, Elías Lixa Abimerhi, sostuvo que la propuesta fija la posición de su bancada frente a la relación entre servidores públicos y organizaciones criminales, y planteó “poner punto final” a lo que denominó la “era de los narcopolíticos”.
“Punto final a la era de los Rocha Moya, punto final a la complacencia criminal, punto final a la narcopolítica”, afirmó.
Lixa también señaló que el Estado mexicano no puede permitir que funcionarios utilicen las instituciones para favorecer a grupos criminales.
“El Estado mexicano no puede seguir secuestrado por los intereses de los criminales”, sostuvo.
El diputado José Manuel Hinojosa Pérez, proponente de la iniciativa, expuso ante el Pleno que la infiltración del crimen organizado en la vida pública representa un problema de seguridad y una amenaza para las instituciones democráticas y los procesos electorales.
De acuerdo con la propuesta, se busca sancionar las alianzas entre servidores públicos y miembros de la delincuencia organizada cuando tengan como finalidad facilitar las actividades de grupos criminales o influir en decisiones de autoridades, instituciones democráticas o procesos electorales.
Las penas de 80 a 140 años también se plantean para integrantes de la delincuencia organizada que atenten contra las instituciones democráticas y la división de poderes mediante acciones dirigidas a influir en decisiones de autoridades o procesos electorales.
La iniciativa contempla además aplicar estas sanciones a titulares del Ejecutivo federal y estatales, secretarías de Estado, fiscalías y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuando participen, colaboren o faciliten dichas conductas.
También se propone sancionar a los servidores públicos que incumplan deliberadamente sus atribuciones legales con el propósito de permitir la actuación de organizaciones criminales en los términos previstos por la iniciativa.
El PAN plantea incorporar estas conductas al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de que sean investigadas, procesadas y sancionadas bajo ese ordenamiento.
La bancada sostuvo que la utilización de instituciones públicas para favorecer intereses criminales impide, a su juicio, consolidar el Estado de Derecho, por lo que llamó a las demás fuerzas políticas a discutir y respaldar la propuesta.
La iniciativa deberá ser analizada por el Congreso antes de que pueda convertirse en una reforma vigente.