Acción Nacional anunció una serie de iniciativas para ampliar el derecho de réplica frente a señalamientos realizados desde espacios oficiales del Gobierno Federal, incluidas las conferencias mañaneras, y establecer sanciones para servidores públicos que utilicen recursos del Estado para amedrentar, silenciar, acosar o denostar a periodistas, organizaciones civiles y ciudadanos críticos.
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, sostuvo que la regulación de los derechos de las audiencias no debe convertirse en un mecanismo para limitar la libertad de expresión y cuestionó la ausencia de condiciones de equidad en las conferencias del gobierno.
“Si tan preocupados están por los derechos de las audiencias, empecemos por reconocer que si hay un espacio comunicativo absolutamente desproporcional es el de la mañanera”, señaló.
Durante una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por los coordinadores parlamentarios del partido en el Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés y Elías Lixa Abimerhi, Romero anunció que las propuestas serían presentadas ante la Comisión Permanente.
El dirigente panista acusó al gobierno de Morena de pretender establecer una especie de “ministerio de la verdad” para determinar qué puede difundirse, qué debe considerarse opinión y qué contenidos pueden transmitir los medios.
“Hoy el gobierno de la 4T le quiere decir a los medios de comunicación qué se puede decir y qué no”, afirmó.
Romero advirtió que las disposiciones podrían extenderse posteriormente de la radio y la televisión a la prensa escrita y las plataformas digitales.
“Hoy empieza una censura para la radio y la televisión (…) Mañana, de nosotros se acuerdan, la prensa escrita e incluso las redes sociales”, sostuvo.
El presidente nacional del PAN señaló que uno de los principales efectos de los nuevos lineamientos podría ser la autocensura entre periodistas y medios de comunicación ante la posibilidad de recibir sanciones.
“¿Cuántos periodistas no se van a autocensurar? Así matas la democracia en un país”, afirmó.
PAN plantea cambios constitucionales
El coordinador panista en la Cámara de Diputados, Elías Lixa Abimerhi, explicó que una de las propuestas contempla modificar el artículo 6º constitucional para ampliar el catálogo de sujetos obligados y establecer de manera expresa que el Gobierno Federal también debe garantizar el derecho de réplica frente a señalamientos realizados desde sus espacios oficiales.
La iniciativa también plantea reformar el artículo 38 constitucional para establecer sanciones contra servidores públicos que utilicen recursos públicos para amedrentar, silenciar, acosar o denostar a periodistas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que cuestionen al poder.
En materia de derecho de réplica, el PAN propone modificar la legislación reglamentaria del artículo 6º constitucional para establecer plazos definidos y evitar que este mecanismo sea utilizado para realizar nuevas descalificaciones contra quien solicite la aclaración.
La propuesta establece un plazo de tres días para que el Estado responda jurídicamente a una solicitud de réplica.
Lixa sostuvo que el objetivo es garantizar “más voces, más contraste informado y no más silencio dictado desde el gobierno”.
También anunció una propuesta de nueva Ley de Comunicación Social para establecer restricciones durante los procesos electorales al uso de recursos públicos y espacios oficiales con fines de promoción o para influir en la competencia.
De acuerdo con la propuesta, la comunicación gubernamental durante los procesos electorales debería limitarse a asuntos indispensables, entre ellos protección civil, salud y educación.
Anaya cuestiona facultades de la autoridad reguladora
Desde el Senado, Ricardo Anaya Cortés cuestionó los alcances de los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias y afirmó que podrían utilizarse para determinar si una información es verdadera, falsa o está fuera de contexto.
“La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones determina si eso es verdad, mentira o si estuvo descontextualizado”, sostuvo.
Anaya afirmó que una autoridad podría determinar que un contenido es falso y ordenar que un medio no lo vuelva a publicar, incluso cuando el medio considere que la información es verdadera.
El senador también advirtió sobre posibles sanciones económicas de hasta uno por ciento de los ingresos anuales de un medio por cada transmisión que incumpla los lineamientos, según su exposición.
A partir de ese escenario, acusó que la regulación podría utilizarse para impedir la difusión de señalamientos contra actores políticos.
Romero, Anaya y Lixa coincidieron en que el PAN respaldará el derecho de las audiencias, pero rechazaron que ese principio sea utilizado para establecer mecanismos de control sobre los contenidos periodísticos.
“Reglas justas, piso parejo, más libertad y nunca más silencio”, concluyó Lixa.