El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Daniel Chimal García, solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación sobre una presunta red de producción, almacenamiento y distribución de libros pirata que, según organizaciones del sector editorial, genera ganancias de hasta 19 mil millones de pesos y mantiene operaciones en la Ciudad de México, el Estado de México y diversas entidades del país.
El legislador afirmó que el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (CEMPRO) y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) han documentado el crecimiento de esta actividad ilícita, que, aseguró, se ha convertido en una nueva fuente de ingresos para grupos de la delincuencia organizada.
De acuerdo con Chimal García, actualmente cinco de cada diez libros comercializados en el país serían ejemplares apócrifos, situación que, además de representar pérdidas para autores y editoriales, afecta el acceso a contenidos confiables para estudiantes y lectores.
«Si bien, en educación, en fomento a la lectura y en general los mexicanos no leemos porque no hay una campaña que concientice a impulsar este hábito, ahora con libros pirata hay un riesgo de formación profesional bajo editoriales erróneas», sostuvo.
El diputado recordó que, en promedio, los mexicanos leen 2.4 libros al año, por lo que consideró que la expansión del mercado ilegal impacta directamente a una industria que enfrenta bajos niveles de consumo y pérdidas derivadas de la reproducción y comercialización de ejemplares sin autorización.
Añadió que quienes participan en este mercado clonan publicaciones, utilizan de manera indebida obras de autores y comercializan libros sin cubrir impuestos ni derechos de propiedad intelectual.
«La delincuencia del libro roba más del 50 por ciento de las editoriales y es un negocio redituable porque ofertan libros en un costo mucho menor que el verdadero e impuesto por el autor o la casa editorial», afirmó.
Con base en información atribuida al CEMPRO y a la CANIEM, el legislador señaló que los principales centros de almacenamiento y distribución de libros pirata se localizan en bodegas ubicadas en la zona del Zócalo de la Ciudad de México, así como en Iztapalapa, Ciudad Nezahualcóyotl y Naucalpan.
Indicó que desde esos puntos la mercancía es distribuida hacia mercados clandestinos en entidades como Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Jalisco, estados que, según los datos expuestos, concentran una parte importante del consumo de estos productos.
Chimal García también sostuvo que la piratería en México ha registrado un incremento de entre 15 y 20 por ciento en los últimos años y atribuyó ese crecimiento a la falta de acciones eficaces para combatir este delito.
Asimismo, señaló que una primera producción clandestina puede alcanzar alrededor de 300 mil ejemplares, principalmente de libros infantiles, escolares, musicales y de entretenimiento, lo que, dijo, refleja la dimensión del mercado ilegal.
Ante este escenario, el legislador pidió que el IMPI y la Fiscalía General de la República investiguen el origen de las operaciones, la posible participación de redes delictivas y las responsabilidades que pudieran derivarse de la producción y comercialización de libros apócrifos, con el propósito de proteger los derechos de autor y a la industria editorial mexicana.