La crisis provocada por la acumulación de sargazo en las costas de Quintana Roo volvió a la agenda política nacional. Desde la Cámara de Diputados, el legislador federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, solicitó al Gobierno de México emitir una declaratoria de emergencia para diversos municipios turísticos del Caribe mexicano y reactivar una propuesta de apoyo económico dirigida a los sectores afectados por este fenómeno.
El planteamiento fue dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Salud, dependencias a las que pidió intervenir ante el aumento de la presencia de la macroalga en playas de Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Mahahual.
El diputado argumentó que la situación ha dejado de ser únicamente un problema ambiental para convertirse también en un asunto de salud pública y de impacto económico para miles de personas que dependen de la actividad turística.
“Además del daño ambiental, el alga en descomposición sí representa un riesgo para la salud humana debido a la liberación de gases tóxicos, además de un tema de afectación turística y económica para estos municipios”, señaló.
La petición surge en un contexto en el que el Centro de Monitoreo de Sargazo reporta que 65 de las 140 playas supervisadas en Quintana Roo se encuentran en semáforo rojo debido a concentraciones considerables de esta macroalga, situación que ha generado preocupación entre empresarios, prestadores de servicios turísticos y autoridades locales.
Durante su intervención, Sánchez Rodríguez recordó que meses atrás planteó al gobierno estatal y a la Secretaría de Hacienda la posibilidad de diseñar un mecanismo financiero para atender las afectaciones económicas derivadas del fenómeno.
La propuesta contempla la creación de un fondo de apoyo dirigido a comerciantes, hoteleros, restauranteros, trabajadores del sector turístico y habitantes de las zonas impactadas por la llegada masiva de sargazo.
Según explicó, el objetivo sería generar herramientas para la recuperación económica de quienes han visto afectadas sus actividades productivas por las condiciones de las playas.
El legislador también llamó a fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para enfrentar una problemática que se ha convertido en recurrente en la región.
“Se trata de redoblar esfuerzos desde la Secretaría de Marina, el gobierno estatal, los municipios y empresas con alta tecnología para acabar con este fenómeno que ha puesto en encrucijada a las playas de Quintana Roo”, afirmó.
Las cifras presentadas durante el posicionamiento reflejan la dimensión del problema. De acuerdo con los datos expuestos por el diputado, durante 2026 se han recolectado aproximadamente ocho mil 700 toneladas de sargazo en las costas del estado. Sin embargo, únicamente cinco toneladas han sido aprovechadas en proyectos productivos o emprendimientos locales.
El tema también fue utilizado para cuestionar la respuesta gubernamental frente a la situación. Sánchez Rodríguez consideró que la atención federal debe intensificarse y pidió una mayor presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en la entidad para conocer directamente las afectaciones que enfrentan habitantes y sectores económicos.
“De ser un destino turístico casi todas las playas, hoy es alerta roja porque no hay condiciones para que se desarrollen actividades y se mantenga la economía local”, sostuvo.
El legislador panista insistió además en que la Secretaría de Hacienda debe elaborar un proyecto presupuestario específico que permita apoyar a los municipios afectados y financiar acciones para enfrentar la contingencia.
La discusión sobre el sargazo ha ocupado un lugar recurrente en el debate político de Quintana Roo durante los últimos años, debido a sus efectos sobre la actividad turística, la economía regional y las condiciones ambientales de la costa caribeña.
Mientras continúan las labores de contención y recolección en distintos puntos del estado, la propuesta del PAN busca trasladar la discusión al ámbito federal mediante una declaratoria de emergencia y la creación de instrumentos financieros que permitan atender las consecuencias económicas derivadas de uno de los principales desafíos ambientales que enfrenta actualmente la región.