La diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Eva María Vásquez Hernández, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a transparentar la información relacionada con un audio filtrado cuya autenticidad fue reconocida por la propia mandataria, así como las gestiones realizadas ante autoridades de Estados Unidos tras la revocación de su visa.
La propuesta fue presentada en el marco de los trabajos de la Comisión Permanente y plantea que la titular del Ejecutivo estatal informe públicamente sobre los hechos que han generado cuestionamientos, al considerar que se trata de un asunto de interés público por las implicaciones políticas e institucionales que conlleva.
De acuerdo con la legisladora panista, la ciudadanía de Baja California tiene derecho a conocer con claridad las circunstancias que rodean el caso, particularmente después de que la gobernadora reconociera que la voz difundida en el audio corresponde a ella, aunque rechazó que la reunión mencionada en la conversación hubiera tenido lugar.
Vásquez Hernández sostuvo que las explicaciones ofrecidas hasta el momento no han despejado las dudas existentes y afirmó que la falta de información verificable ha incrementado la incertidumbre entre la población.
«Cuando una autoridad enfrenta cuestionamientos públicos, la respuesta no puede ser el silencio. La transparencia y la rendición de cuentas son obligaciones de cualquier persona servidora pública, especialmente cuando se trata de quien encabeza el gobierno de una entidad federativa», expresó.
El exhorto también solicita que la gobernadora informe sobre cualquier comunicación, reunión, gestión o acercamiento realizado ante autoridades estadounidenses o intermediarios relacionados con el Gobierno de ese país, además de explicar las circunstancias que derivaron en la revocación de su visa.
La diputada argumentó que la cancelación del documento migratorio de una funcionaria estatal constituye un asunto de relevancia pública, debido a la relación estratégica que mantiene Baja California con Estados Unidos en materia económica, de seguridad y cooperación fronteriza.
Como parte del punto de acuerdo, la legisladora propuso que la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de Baja California, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado analicen los hechos conocidos públicamente para determinar, en el ámbito de sus atribuciones, si existen elementos que justifiquen el inicio de investigaciones, procedimientos administrativos o cualquier otra actuación institucional.
Eva María Vásquez subrayó que la solicitud no responde a un señalamiento aislado, sino a una demanda de transparencia frente a hechos que, dijo, pueden afectar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
«Las y los bajacalifornianos tienen derecho a saber qué ocurrió, qué decisiones se tomaron y si existió alguna actuación que pudiera comprometer la responsabilidad de quienes gobiernan. La transparencia no es una concesión, es una obligación», concluyó.
El punto de acuerdo será turnado para el trámite legislativo correspondiente dentro de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.