El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para frenar los incrementos en las pólizas de seguros de gastos médicos mayores, luego de que más de 14 millones de personas iniciaran 2026 enfrentando aumentos de entre 20% y 40% en sus primas, y hasta 75% en el caso de adultos mayores o personas con enfermedades crónicas. Así lo expuso el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud.
Durante los primeros meses del año, miles de familias recibieron avisos de renovación con incrementos que, en muchos casos, vuelven insostenible mantener la cobertura privada. Para numerosos hogares, la decisión se ha reducido a elegir entre pagar el seguro o cubrir gastos esenciales como vivienda o educación. El problema se agrava en un país donde casi la mitad del gasto total en salud se paga directamente del bolsillo, y donde los gastos catastróficos crecieron 64.5% entre 2018 y 2024, afectando a más de un millón de familias.
El PAN señaló dos factores centrales detrás del aumento de primas. El primero es la inflación médica, que se mantiene por encima de la inflación general y se proyecta entre 13% y 15% anual. El segundo es un cambio fiscal incorporado en la Ley de Ingresos de la Federación 2026, que impide a las aseguradoras acreditar el IVA pagado cuando indemnizan siniestros a través de terceros, como hospitales privados. Hasta 2025, ese impuesto era acreditable; ahora se convirtió en un costo definitivo que se traslada a los asegurados.
Los legisladores advirtieron que este diseño fiscal tiene efectos regresivos: mientras los hogares de mayores ingresos pueden absorber el incremento, las familias de ingreso medio están siendo expulsadas del sistema privado, lo que incrementa la presión sobre el Sistema Nacional de Salud.
La iniciativa del PAN plantea tres medidas principales. La primera es flexibilizar el régimen de acreditamiento del IVA para seguros de salud y gastos médicos mayores, a fin de evitar que el impuesto se convierta en un costo directo que termine encareciendo las primas. La segunda es fortalecer la deducibilidad de las primas en el Impuesto sobre la Renta, con un límite de hasta cinco UMA anuales —aproximadamente 206 mil pesos— para personas físicas. La tercera es reforzar la transparencia y supervisión tarifaria del sector asegurador, facultando a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para emitir metodologías claras sobre la formación de primas y obligando a las aseguradoras a informar anualmente a sus clientes sobre los factores que explican los incrementos.
La propuesta también contempla la intervención de la autoridad cuando existan aumentos injustificados o prácticas discriminatorias contra adultos mayores u otros grupos vulnerables.
El objetivo, señalaron los legisladores, es equilibrar la responsabilidad fiscal del Estado, la solvencia del sector asegurador y la protección financiera de las familias. La salud, afirmaron, no puede convertirse en un lujo reservado para unos cuantos, ni una enfermedad debe significar la ruina económica para los hogares mexicanos.