Tras el anuncio de que el denominado Plan B electoral llegará este martes al Senado de la República, el diputado federal del PAN Ernesto Sánchez Rodríguez afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum “se volvió a equivocar” en el diagnóstico sobre la situación electoral del país. El legislador sostuvo que la prioridad no debe centrarse en reducir costos en congresos locales y ayuntamientos, sino en impedir la infiltración del crimen organizado en campañas políticas.
“Otra vez se equivocó, su diagnóstico es erróneo. La Presidenta cree que lo más importante es ahorrar dinero en los Congresos locales y en los ayuntamientos. No, Presidenta, otra vez está usted equivocada”, declaró Sánchez Rodríguez. Aseguró que el riesgo central para el sistema electoral es la presencia de recursos ilícitos en procesos de Morena. “Nada sale más caro que entregarle la paz, la seguridad y la actividad de los mexicanos al crimen organizado”, añadió.
El panista vinculó su postura con el reciente asesinato de Carlos Manzo, al señalar que la ciudadanía exige justicia y no ajustes presupuestales. “Lo que exige la gente no es un cabildo más barato, es que metan a la cárcel a los políticos de Morena de quienes se sospecha son los autores intelectuales”, afirmó. También mencionó casos en Michoacán, Uruapan y Sinaloa, donde, dijo, la prioridad debe ser retirar a grupos criminales de estructuras gubernamentales.
En la misma línea, el diputado Federico Döring Casar lamentó que gobernadores y presidentes municipales de la 4T sostengan reuniones con presuntos delincuentes. “Nada sale más caro que un político de Morena que entrega su alma al diablo y compromete el ayuntamiento, el Estado o el país al crimen organizado”, expresó. Señaló que el Estado debe revertir los acuerdos del sexenio anterior, a los que calificó como “abrazos electorales al crimen organizado”.
Döring reiteró que el PAN rechaza la reforma electoral porque, afirmó, no incorpora candados para impedir el financiamiento ilícito en campañas. Ambos legisladores insistieron en que el Plan B debe centrarse en garantizar integridad electoral y seguridad pública, antes que en ajustes administrativos o recortes presupuestales.
Con la llegada del proyecto al Senado, se anticipa un debate marcado por cuestionamientos sobre seguridad, financiamiento político y la capacidad del Estado para impedir la intervención del crimen organizado en procesos electorales.