La discusión sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas públicas escaló al terreno político luego de que integrantes del Partido Acción Nacional cuestionaran el enfoque planteado por el Gobierno Federal y advirtieran que cualquier decisión relacionada con la regulación de estos dispositivos debe involucrar a padres de familia, docentes y comunidades escolares.
La diputada federal Genoveva Huerta sostuvo que el debate sobre el uso responsable de teléfonos celulares en planteles educativos es pertinente, pero rechazó que una eventual regulación pueda convertirse en una decisión unilateral desde el gobierno.
“El debate sobre los celulares en las escuelas que propone el gobierno federal es válido, pero no nos equivoquemos, no puede ser una imposición; la última palabra siempre la deben de tener los padres de familia”, afirmó.
La legisladora señaló que los maestros también deben participar en la construcción de cualquier medida relacionada con el uso de tecnología dentro de las aulas. Asimismo, sostuvo que el sistema educativo enfrenta problemas estructurales que, a su juicio, requieren atención inmediata.
“Hay escuelas sin luz, sin agua y con un rezago tremendo en el aprendizaje que el gobierno actual prefiere ignorar”, expresó.
Huerta planteó que el fondo de la discusión no debe centrarse únicamente en restringir el uso de dispositivos electrónicos, sino en promover una cultura de aprovechamiento responsable de la tecnología.
“Esto no es prohibir la tecnología, sino enseñar a usarla a favor del futuro de nuestros hijos, impulsando la ciencia, la innovación y cuidando su salud mental”, añadió.
Dentro del mismo posicionamiento, el PAN destacó que el tema fue impulsado previamente en la capital del país por la diputada local Laura Álvarez Soto, quien vinculó el debate con la necesidad de combatir fenómenos como el ciberacoso entre estudiantes.
La legisladora sostuvo que el objetivo debe ser abordar de manera integral los riesgos asociados al uso de dispositivos móviles dentro de las escuelas.
“Lo que demandamos es entrarle bien al tema y no sólo sea una cortina de humo de Sheinbaum por la narcopolítica”, declaró.
Álvarez Soto también aprovechó la discusión para insistir en la necesidad de incrementar los recursos destinados a infraestructura educativa.
“Nuestros niños merecen una educación que los prepare para el futuro, no que se queden en el pasado”, señaló.
Por su parte, la consejera nacional del PAN, Wendy González Urrutia, consideró que limitar el uso de teléfonos celulares en escuelas de nivel básico podría representar apenas una primera medida frente a una problemática más amplia relacionada con el entorno digital de niñas, niños y adolescentes.
“Urgen protocolos y acciones firmes para restringir la portación y el uso de teléfonos celulares en salones escolares, así como promover un uso consciente de la tecnología”, afirmó.
El posicionamiento del PAN se produce en medio de un debate nacional sobre los efectos de los dispositivos móviles en los procesos de aprendizaje, la convivencia escolar y la salud mental de los estudiantes. Mientras el Gobierno Federal analiza medidas relacionadas con el uso de celulares en las aulas, la oposición busca ampliar la discusión hacia temas como infraestructura educativa, participación de las familias y estrategias de prevención del ciberacoso.
La controversia anticipa una discusión más amplia sobre el papel de la tecnología en el sistema educativo mexicano y sobre los mecanismos que deberán implementarse para equilibrar el acceso a herramientas digitales con la protección de los estudiantes dentro del entorno escolar.