Dirigentes y representantes del PAN en la Ciudad de México fijaron postura frente a la iniciativa de reforma electoral impulsada por el gobierno federal, al señalar que no acompañarán ningún cambio legal que no incluya mecanismos específicos para impedir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN capitalino, afirmó que la propuesta del Ejecutivo pretende modificar las bases que permitieron la alternancia política en el país. Señaló que las reglas electorales construidas durante décadas hicieron posible la llegada de distintos gobiernos, incluido el de Morena en 2018, por lo que consideró que no deben alterarse sin garantías de protección al voto.
Gutiérrez Ureña respaldó la postura de legisladoras y legisladores federales de su partido, quienes han advertido que no aprobarán una reforma que omita controles para evitar la injerencia del narcotráfico. Subrayó que cualquier modificación al sistema electoral debe incluir medidas verificables que aseguren la integridad de las elecciones.
Aníbal Cañez Morales, representante del PAN CDMX ante el Instituto Electoral local, sostuvo que la iniciativa proviene del gobierno federal y responde a intereses del partido en el poder. Afirmó que el proyecto no abre espacios para una pluralidad efectiva ni garantiza representación a minorías, además de que no incorpora rutas institucionales para fortalecer la transparencia electoral.
Cañez Morales señaló que la participación del crimen organizado en procesos electorales es un fenómeno documentado y que su omisión en la propuesta gubernamental deja sin protección a las y los votantes. Indicó que la coacción, las amenazas y la compra de votos afectan directamente la libertad del sufragio.
El diputado federal Héctor Saúl Téllez Hernández reiteró su planteamiento de que cualquier partido que reciba recursos del crimen organizado debe perder su registro, y que las candidaturas vinculadas a estas prácticas deben ser sancionadas. Añadió que la elección correspondiente tendría que ser anulada en caso de comprobarse financiamiento ilícito.
Los representantes panistas señalaron que la iniciativa no cuenta con consenso ni siquiera entre las fuerzas aliadas del gobierno federal. Consideraron que el proyecto busca consolidar un esquema hegemónico y que no existen condiciones para su aprobación en los términos planteados.
El debate legislativo continuará en el Congreso, donde las distintas fuerzas políticas deberán definir su postura frente a una reforma que impactará los procesos electorales de los próximos años.