El Comité Ejecutivo Nacional del PAN y los coordinadores parlamentarios de ese partido en la Cámara de Diputados y en el Senado afirmaron que separar la elección judicial del proceso electoral ordinario de 2027 era una medida necesaria; sin embargo, advirtieron que la nueva propuesta del oficialismo mantiene y profundiza los riesgos derivados de la reforma judicial aprobada en 2024.
Acción Nacional señaló que evitar la concurrencia con las elecciones constitucionales atiende solo de manera parcial uno de los riesgos advertidos desde la discusión inicial. Sostuvo que el modelo impulsado por Morena continúa sometiendo al Poder Judicial a dinámicas político‑electorales que, a su juicio, vulneran su autonomía e independencia.
Aunque la iniciativa plantea trasladar la elección judicial a 2028, el PAN afirmó que persisten riesgos de movilización partidista, operación política mediante acordeones, promoción gubernamental e intervención electoral en un proceso que, según su postura, debería mantenerse completamente separado de cualquier lógica política.
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, sostuvo que el cambio de fecha no resuelve el problema estructural. “Mientras Morena mantenga mecanismos de control político sobre quienes aspiran a impartir justicia, el problema de fondo seguirá intacto. La justicia debe sacarse de las garras del poder político y garantizar verdadera autonomía e independencia para las y los mexicanos”, declaró.
El partido recordó que desde la discusión de la reforma judicial alertó sobre los riesgos de partidizar la justicia, sustituir criterios técnicos por dinámicas electorales y debilitar la independencia de jueces y magistrados mediante mecanismos sujetos a intereses políticos. Los coordinadores parlamentarios señalaron que la creación de una nueva Comisión Coordinadora o de un comité técnico no garantiza autonomía real, pues mantiene el proceso de selección bajo esquemas que consideran de captura institucional, sin incorporar participación independiente de universidades, colegios o barras de abogados.
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa Abimerhi, afirmó que “el problema nunca fue únicamente la fecha”, sino haber convertido la justicia en un mecanismo sometido a intereses políticos y electorales. En el Senado, el coordinador Ricardo Anaya Cortés añadió que “no basta con mover la fecha de la elección judicial si Morena mantiene intactos los mecanismos de control político sobre quienes aspiran a impartir justicia”.
Acción Nacional lamentó que la presidenta de la República no haya aprovechado la oportunidad para corregir lo que considera una reforma cuestionada por especialistas, organizaciones civiles y organismos internacionales. Señaló que el sistema de justicia enfrenta deterioro institucional derivado de la falta de experiencia, capacidad técnica y perfiles idóneos entre nuevos juzgadores.
El partido también criticó que la presentación en “PowerPoint” difundida por el oficialismo confirma, a su juicio, la ausencia de mecanismos técnicos y autónomos para garantizar la selección de perfiles idóneos, manteniendo un modelo de control político sobre quienes buscan integrar el Poder Judicial. Advirtió además que la concurrencia con la Revocación de Mandato abre la puerta a movilización político‑electoral, uso de acordeones y estructuras de promoción gubernamental.
El PAN alertó que la iniciativa mantiene abierta la posibilidad de que en 2030 vuelva a presentarse una elección concurrente, preservando riesgos de politización. También señaló que el nuevo esquema de funcionamiento de la Suprema Corte mediante dos secciones podría generar tensiones en quórum, integración y distribución de asuntos, afectando la operación judicial. Añadió que el Tribunal de Disciplina continúa diseñado como un mecanismo de presión sobre juzgadores.
Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió una petición promovida por jueces y magistrados federales relacionada con posibles violaciones derivadas de la reforma de 2024, además de advertencias de especialistas y legisladores sobre los riesgos constitucionales del modelo impulsado por Morena.
Acción Nacional reiteró que México requiere una reforma judicial seria, técnica y autónoma, no ajustes que, en su opinión, mantienen incentivos políticos sobre quienes deben garantizar justicia imparcial.