En medio del debate nacional sobre seguridad y procesos electorales, legisladoras y legisladores del PAN fijaron postura frente al anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la creación de una comisión para atender la infiltración del crimen organizado en la política. Desde la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario sostuvo que la medida reconoce la existencia de narcopolítica en gobiernos y candidaturas, pero consideró insuficiente la propuesta del Ejecutivo.
El diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez afirmó que la comisión anunciada “no va a impedir que haya narcopolíticos ocupando cargos de relevancia ni candidatos vinculados al crimen organizado”, señalando que existen antecedentes dentro de Morena. En tribuna, sostuvo que la única vía efectiva sería aprobar la reforma impulsada por su bancada: “que cualquier partido que postule a un candidato con vínculos comprobados con el crimen organizado o el narcotráfico pierda de inmediato su registro”.
Sánchez Rodríguez agregó que la propuesta del gobierno “termina reconociendo que ese problema existe dentro de Morena”, y llamó a adoptar medidas vinculantes que impidan la participación electoral de personas relacionadas con organizaciones criminales.
El vocero del GPPAN, Federico Döring, cuestionó la eficacia del mecanismo anunciado por el Ejecutivo. Ironizó que “los narcos del bienestar dicen que poniendo la iglesia en manos del útero van a acabar con la narcopolítica”, y criticó que sean “consejeros del INE puestos en su mayoría por Morena” quienes consulten a policías y fiscalías que, según dijo, “trabajan para los narcos de México” sobre la honestidad de aspirantes a cargos públicos.
En la misma línea, Jorge Triana Tena, vocero del CEN del PAN, acusó al gobierno federal de “insultar nuestra inteligencia”, al suponer que las instituciones de seguridad y procuración de justicia “que protegen a los narcos” serán las encargadas de evidenciar a candidatos con presuntos vínculos criminales.
Desde el ámbito local, la diputada Laura Álvarez Soto advirtió que son precisamente “los cuerpos policiacos y fiscalías de gobiernos de Morena quienes tienen acuerdo de entendimiento criminal y electoral”, por lo que consideró indispensable cerrar el paso a la delincuencia en los procesos electorales. Calificó la comisión como “una cortina de humo distractora de la tragedia de los narcos del bienestar en Sinaloa”, y afirmó que el país “ya está cansado de la narcopolítica de la 4T”.
Álvarez Soto reconoció que es relevante que el gobierno federal admita la existencia de narcopolíticos y que la presidenta dé un primer paso, pero insistió en que “una comisión no funcionará porque no es vinculante”, reiterando que se requiere una reforma como la planteada por el PAN.
Las declaraciones se integran a un contexto legislativo en el que la oposición busca impulsar cambios constitucionales y legales para sancionar la intervención del crimen organizado en elecciones, mientras el Ejecutivo propone mecanismos administrativos y de coordinación institucional. El debate continuará en las próximas sesiones, en un escenario marcado por la disputa narrativa sobre seguridad, gobernabilidad y legitimidad electoral.