En una intervención de tono crítico y con fuerte carga legislativa, integrantes del PAN advirtieron que la respuesta del gobierno federal al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU no solo evade el problema, sino que profundiza una crisis que ya ha sido documentada con cifras alarmantes y patrones estructurales. La bancada sostuvo que el Ejecutivo optó por confrontar el diagnóstico internacional en lugar de corregir las fallas señaladas.
El diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez explicó que el informe de la ONU no aborda desapariciones en general, sino desapariciones forzadas, aquellas en las que existe participación, autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. El punto crítico, dijo, fue la activación del artículo 34 de la Convención Internacional, un mecanismo excepcional reservado para situaciones con indicios de desaparición forzada generalizada o sistemática. Bajo ese artículo, el Comité solicitó llevar el caso mexicano ante la Asamblea General de la ONU, un paso inusual que busca alertar a la comunidad internacional y abrir la puerta a cooperación técnica y presión diplomática.
El informe, recordó, documenta más de 4 mil 500 fosas clandestinas, más de 6 mil 200 cuerpos recuperados, alrededor de 4 mil 600 restos adicionales y más de 72 mil restos humanos sin identificar en servicios forenses. A partir de estos datos, concluye que no existe evidencia de mejora sustancial y que la crisis mantiene características estructurales que impiden su contención. Sánchez Rodríguez señaló que el gobierno intenta diluir la diferencia entre desaparición y desaparición forzada, mientras el Comité fue cuidadoso en la forma pero contundente en el fondo: no afirmó que exista una política federal deliberada, pero sí identificó patrones reiterados de participación o aquiescencia de agentes del Estado en distintos niveles.
El PAN subrayó que las madres buscadoras han expresado su desconfianza en las cifras oficiales porque no fueron escuchadas y porque siguen encontrando restos por su cuenta. En el caso de Quintana Roo, denunciaron que la crisis se intenta disfrazar con recompensas, cuando lo que se requiere es investigación e inteligencia en los procesos de búsqueda. Recordaron que la Fiscalía estatal ha emitido más de 50 fichas con recompensas de hasta 250 mil pesos, reflejo de la gravedad del problema.
La diputada local Claudia Pérez Romero señaló que organizaciones como el Centro Prodh, el Sistema Universitario Jesuita, CEPAD, la Federación Internacional por los Derechos Humanos, IDHEAS y la CMDPDH respaldaron al Comité y criticaron la postura oficial, al considerar que reproduce un patrón de negación frente a organismos internacionales. Estas organizaciones han documentado durante años casos en estados como Coahuila, Nayarit y Veracruz con indicios de desapariciones forzadas y participación de autoridades.
Pérez Romero advirtió que el ajuste reciente a las cifras oficiales se realizó justo antes de Semana Santa, cuando la atención pública disminuye. “No se escondía un dato técnico, se intentaba reducir la dimensión de la tragedia”, afirmó. Recordó que existen más restos sin identificar que personas desaparecidas reconocidas oficialmente, y que de los 43 mil casos registrados, apenas poco más de 3 mil cuentan con carpeta de investigación.
El PAN concluyó que México no puede seguir entre la negación, la opacidad y la improvisación. Planteó fortalecer capacidades mediante cooperación internacional en búsqueda, análisis forense e investigación, así como mecanismos eficaces para romper redes de impunidad y proteger a las familias. Según la bancada, la crisis de desapariciones exige respuestas claras, no confrontaciones políticas.