El PAN anunció una batería de reformas para ampliar el derecho de réplica frente a señalamientos realizados desde espacios oficiales del Gobierno Federal y advirtió que los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias podrían generar autocensura entre periodistas y medios de comunicación.
El presidente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, sostuvo que las conferencias mañaneras representan un espacio de comunicación gubernamental con una exposición desproporcionada, por lo que planteó que quienes sean señalados desde esas plataformas tengan mecanismos efectivos para responder.
“Si tan preocupados están por los derechos de las audiencias, empecemos por reconocer que si hay un espacio comunicativo absolutamente desproporcional es el de la mañanera”, afirmó.
Durante una conferencia de prensa, acompañado por el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, y por el coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, Elías Lixa Abimerhi, Romero acusó al gobierno de la Cuarta Transformación de pretender establecer una especie de “ministerio de la verdad” que determine qué pueden publicar los medios y qué contenidos pueden difundirse.
“Hoy el gobierno de la 4T le quiere decir a los medios de comunicación qué se puede decir y qué no”, señaló.
El dirigente panista advirtió que el alcance de estas disposiciones podría extenderse más allá de la radio y la televisión hacia la prensa escrita y las plataformas digitales.
“Hoy empieza una censura para la radio y la televisión (…) Mañana, de nosotros se acuerdan, la prensa escrita e incluso las redes sociales”, afirmó.
Romero Herrera ubicó uno de los principales riesgos en la posibilidad de que periodistas y medios modifiquen sus contenidos por temor a sanciones. “¿Cuántos periodistas no se van a autocensurar? Así matas la democracia en un país”, sostuvo.
El dirigente panista argumentó que una democracia requiere pluralidad de opiniones y que ninguna autoridad debe decidir qué información puede conocer la ciudadanía.
“En una democracia, la verdad es lo que tú decides después de escuchar todas las voces, pares o dispares”, expresó.
Anaya acusa riesgo para medios
Ricardo Anaya sostuvo que los lineamientos sobre derechos de las audiencias tienen como propósito “callar y silenciar” a periodistas críticos, ciudadanos y opositores.
Explicó que, ante una inconformidad sobre algún contenido, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tendría facultades para determinar si la información es verdadera, falsa o fue presentada fuera de contexto.
De acuerdo con el senador panista, esa autoridad podría ordenar que determinados contenidos no vuelvan a difundirse y, en caso de reincidencia, los medios podrían enfrentar sanciones económicas de hasta uno por ciento de sus ingresos anuales por cada transmisión.
Anaya también acusó que este mecanismo podría utilizarse para impedir la difusión de señalamientos relacionados con presuntos vínculos entre Morena y organizaciones criminales, así como con el gobernador de Sinaloa. Estas afirmaciones fueron planteadas por el legislador como parte de su crítica política y no fueron acompañadas en el posicionamiento por documentación que acreditara tales acusaciones.
PAN plantea reformas constitucionales
Elías Lixa informó que el PAN presentará una reforma al artículo 6º constitucional para ampliar el catálogo de sujetos obligados y establecer que el Gobierno Federal también garantice el derecho de réplica frente a señalamientos difundidos desde sus espacios oficiales.
También propuso modificar el artículo 38 constitucional para establecer sanciones contra servidores públicos que utilicen recursos públicos para “amedrentar, silenciar, acosar o denostar” a periodistas, organizaciones civiles y ciudadanos que cuestionen al poder.
La iniciativa contempla además modificaciones a la legislación reglamentaria del artículo 6º para establecer procedimientos y plazos definidos para las solicitudes de réplica. El planteamiento establece tres días para que el Estado responda jurídicamente a una solicitud.
El PAN también anunció una propuesta de nueva Ley de Comunicación Social para limitar el uso de recursos públicos y espacios oficiales durante los procesos electorales con fines de promoción o influencia sobre la competencia.
La propuesta plantea que la comunicación gubernamental durante esos periodos se concentre en asuntos considerados indispensables, como protección civil, salud y educación.
Lixa resumió la posición del partido con una consigna: “más voces, más contraste informado y no más silencio dictado desde el gobierno”.
El debate coloca nuevamente en el centro la disputa entre el Gobierno Federal y la oposición por el alcance de la comunicación oficial, el derecho de réplica y los límites regulatorios aplicables a los medios de comunicación.