Bajo el grito de “Todos somos Ruffo”, dirigentes del PAN, familiares, legisladores y representantes de organizaciones políticas exigieron frente a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) que Ernesto Ruffo Appel enfrente su proceso con garantías judiciales y acusaron al gobierno federal de utilizar la justicia como “herramienta política” contra opositores.
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, encabezó la conferencia del Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo y sostuvo que el exgobernador de Baja California es inocente de los delitos que se le imputan.
“Hoy le exigimos a este gobierno de la dizque 4T que deje de usar la justicia como herramienta política”, afirmó el dirigente panista.
Romero Herrera cuestionó las acusaciones contra Ruffo y sostuvo que el exmandatario llevó durante años una vida sin los bienes y recursos que, a su juicio, serían incompatibles con los señalamientos que enfrenta.
“Ernesto Ruffo es una persona que a sus 74 años vivía en una casa de 168 metros cuadrados, en todo menos una mansión”, afirmó.
El dirigente panista agregó que Ruffo utilizaba un automóvil de aproximadamente una década de antigüedad y que, durante su etapa como gobernador, no contaba con escoltas ni asistentes.
Romero también acusó al gobierno federal de aplicar un “doble rasero” en materia de procuración e impartición de justicia, al sostener que mientras funcionarios de Morena son defendidos cuando enfrentan señalamientos, integrantes de la oposición son perseguidos.
“Lo que no puede ser es que haya doble rasero con la justicia, con la procuración y con la impartición de justicia en México”, advirtió.
Familia exige defensa del Estado de derecho
Verónica Ruffo, hija del exgobernador, afirmó que la presencia del grupo frente a la FGR no tenía como propósito confrontar a las autoridades, sino defender la verdad, la justicia y el Estado de derecho.
“Esto no debe ser una lucha de partidos, no debe ser una lucha entre izquierdas y derechas. Debe ser una lucha por nuestras instituciones, de nuestra justicia y por nuestra República”, sostuvo.
Durante el acto, el expresidente Vicente Fox Quesada calificó a Ruffo como “preso político” y señaló directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por la situación jurídica del exgobernador.
Fox cuestionó que Ruffo sea tratado como “el peor criminal del país” y pidió que pueda continuar su proceso bajo una medida que le permita permanecer en su domicilio.
Por su parte, Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México, exigió que Ruffo tenga un juicio justo y planteó que, debido a su edad y condición de salud, se le permita llevar el proceso en prisión domiciliaria.
También responsabilizó a la presidenta de la República por cualquier daño que pudiera sufrir el exgobernador durante su permanencia en prisión.
PAN vincula caso con escándalo en Baja California
El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, sostuvo que el proceso contra Ruffo está relacionado con los señalamientos que han surgido alrededor de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
“En política no hay coincidencias”, afirmó Anaya, quien sostuvo que la detención ocurrió en el punto más alto del escándalo político que involucra a la mandataria estatal.
El senador calificó el caso como una “cortina de humo” y un “distractor” y afirmó que Ruffo es “un hombre honesto, un hombre probo, un hombre inocente”.
El vocero de la defensa jurídica de Ruffo, Arturo Germán, señaló que el equipo legal continuará aportando datos y pruebas para acreditar que el exgobernador no participó en los hechos que se le atribuyen.
Precisó que la defensa no advierte participación de Ruffo en los tres delitos por los que fue vinculado a proceso: delincuencia organizada, violación a la Ley de Hidrocarburos y contrabando.
El acto frente a la FGR reunió a representantes del PAN, familiares de Ruffo y dirigentes de organizaciones políticas, quienes demandaron que el proceso judicial se conduzca conforme a las garantías del debido proceso y sin utilización política de las instituciones de justicia.