Legisladores y dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron al gobierno federal y a Morena de utilizar el inicio de la dispersión de los apoyos correspondientes al bimestre julio-agosto de 2026 como parte de una estrategia con fines electorales de cara a los comicios de 2027, por lo que demandaron una vigilancia permanente sobre la aplicación de los recursos públicos.
La diputada federal del PAN, Paulina Rubio, aseguró que su partido no está en contra de la política social ni de los programas dirigidos a los sectores más vulnerables; sin embargo, sostuvo que la entrega de los apoyos no debe convertirse en un mecanismo para influir en la voluntad ciudadana.
«Con el inicio de pagos del bimestre julio-agosto de 2026, el gobierno de Claudia Sheinbaum y Morena le apuestan a la compra de voluntades», afirmó.
La legisladora señaló que, con la anticipación del proceso interno de Morena para definir a sus aspirantes rumbo a las elecciones de 2027, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de observación sobre el uso de los recursos públicos.
«Así van a operar de cara a la elección en puerta del 2027; al puro estilo de Ariadna Montiel, que fue la secretaria de Bienestar, ahora en Morena, se ha instruido encender la maquinaria clientelar», expresó.
Paulina Rubio agregó que, además del seguimiento al ejercicio del gasto público, será necesario vigilar que los programas sociales no sean objeto de malversación ni utilizados con propósitos distintos a los establecidos por la ley.
«Además de sus narcopactos, ahora le apuestan por mantener la estrategia de compra de voluntades y amenazas», sostuvo.
Por su parte, el diputado local del PAN, Raúl Torres Guerrero, pidió que el Gobierno federal garantice la imparcialidad en la entrega de los apoyos sociales y evite cualquier intento de condicionarlos con fines político-electorales.
«Como legislador del PAN no voy a permitir que en el extranjero se intente imponer los programas sociales para votar por uno u otro candidato; se debe respetar la voluntad», declaró.
En tanto, el consejero nacional del PAN, Rafael Calderón Jiménez, consideró que los organismos electorales también deberán mantener una supervisión permanente sobre la distribución de los recursos destinados a los programas sociales.
Indicó que el Instituto Nacional Electoral debe reforzar la vigilancia para asegurar que dichos apoyos no sean utilizados como mecanismo de promoción de aspirantes o precandidatos de Morena durante el proceso electoral de 2027.
Con estas declaraciones, dirigentes y legisladores panistas solicitaron que las autoridades electorales y las instancias de fiscalización mantengan un seguimiento puntual de la entrega de los programas sociales, con el propósito de garantizar que su operación se mantenga al margen de cualquier interés electoral y se preserve la equidad de la contienda rumbo a las elecciones de 2027.