La vicecoordinadora de Organización Legislativa de Morena, Dolores Padierna Luna, presentó ante el Pleno una iniciativa para armonizar el Código Penal Federal con la reciente reforma al artículo 40 constitucional, con el propósito de reforzar la defensa jurídica de la soberanía nacional y precisar las conductas que atenten contra la independencia y la integridad del Estado mexicano.
Desde tribuna, Padierna recordó que la reforma constitucional publicada el 1 de abril de 2025 establece que el pueblo de México “bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación”. Subrayó que el texto identifica tres conductas de especial gravedad: golpes de Estado, injerencias en procesos electorales y violaciones al territorio nacional.
La legisladora enfatizó que la reforma no es declarativa, sino una reafirmación de principios históricos de la política exterior mexicana, sustentados en la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Recordó que estos principios están respaldados por el derecho internacional, particularmente por la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU, que prohíbe la intervención directa o indirecta en los asuntos internos de otro Estado.
La iniciativa propone incorporar de manera expresa estas conductas en la fracción I del artículo 123 del Código Penal Federal, con el fin de sancionar a cualquier persona mexicana que realice actos contra la independencia, soberanía o integridad del país. No se modifican las penas vigentes —de cinco a cuarenta años de prisión y multa de hasta 150 mil pesos—, sino que se busca tipificar con claridad los actos vinculados con golpes de Estado, injerencias electorales y violaciones territoriales.
Padierna sostuvo que la soberanía “no es una consigna retórica”, sino el fundamento de la existencia del Estado mexicano. Afirmó que ninguna potencia extranjera tiene derecho a intervenir en las decisiones, instituciones o territorio del país, y que la cooperación internacional debe construirse bajo respeto mutuo, con acciones conjuntas como el control del tráfico de armas y políticas para reducir el consumo de drogas, siempre bajo una premisa: “la soberanía nacional no se negocia”.
La propuesta busca consolidar la coherencia entre la Constitución y la legislación penal, y fortalecer el marco jurídico para la defensa de la soberanía en un contexto global donde, señaló la legisladora, los riesgos de injerencia externa requieren respuestas claras y firmes desde el Estado mexicano.