La diputada Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora de Organización Legislativa de Morena en la Cámara de Diputados, sostuvo que los Lineamientos en materia de derechos de las audiencias no implican control estatal sobre los medios de comunicación, sino la consolidación de un esquema de “corregulación” que, afirmó, es compatible con estándares democráticos.
En respuesta a las críticas, la legisladora señaló que existe una “falsa premisa” sobre una supuesta intervención del Estado en los códigos de ética. Aclaró que estos continúan siendo definidos por cada medio, mientras que la ley establece “un piso mínimo de derechos” para proteger a las audiencias. Precisó que los lineamientos no aprueban ni autorizan dichos códigos, sino que contemplan su registro para hacerlos públicos y verificables.
Padierna Luna argumentó que este mecanismo permite exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por los concesionarios, con lo que los códigos de ética dejan de ser, en sus palabras, “simples declaraciones de buenas intenciones” y adquieren efectos prácticos.
Sobre los señalamientos de un posible retorno a esquemas de control gubernamental, la diputada fue enfática: “Eso simplemente no ocurre”. Sostuvo que el contexto actual dista de prácticas como concesiones discrecionales, presiones económicas o censura previa. “Aquí no hay autorización previa de contenidos ni supervisión editorial”, afirmó, al detallar que el modelo contempla un procedimiento con derecho de audiencia, presentación de pruebas, resoluciones fundadas, recursos de impugnación y revisión judicial.
Explicó que las quejas deberán presentarse dentro de plazos establecidos y podrán subsanarse en caso de omisiones. Una vez admitidas, el medio será notificado para rendir informe y aportar pruebas antes de cualquier resolución. “La autoridad no resuelve unilateralmente ni de manera inmediata”, subrayó.
La legisladora también rechazó que materiales de difusión, como presentaciones ejecutivas, sustituyan el contenido normativo de los lineamientos, al señalar que su función es únicamente informativa. Indicó que el alcance real debe consultarse en los documentos completos, donde se establecen procedimientos, plazos y mecanismos de impugnación.
Padierna Luna afirmó que el modelo propuesto busca equilibrar la libertad editorial con la responsabilidad de los concesionarios y la protección de las audiencias. “No existe contradicción entre la libertad de expresión y la protección de los derechos de las audiencias”, concluyó, al señalar que ambos elementos se fortalecen con reglas claras y mecanismos de rendición de cuentas.