El 12 de enero de 2026, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y Justicia y la Operación Paricutín, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Guardia Civil, realizaron patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en los municipios de Apatzingán y Aquila, Michoacán. Con apoyo aéreo en situación de alerta, las fuerzas de seguridad aseguraron un conjunto de indicios vinculados a presuntas actividades delictivas, entre ellos armamento, vehículos y sustancias prohibidas.
Durante el despliegue, se incautaron 12 armas de fuego, 37 cargadores, 1,302 cartuchos útiles, un artefacto explosivo, 24 bolsas con posible marihuana, dos vehículos, cinco motocicletas y se localizaron tres campamentos, los cuales fueron destruidos en el sitio mediante incineración. Los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el desarrollo de investigaciones y peritajes.
El operativo se realizó bajo los principios del estado de derecho y respeto a los derechos humanos, según informaron las instituciones participantes. Las acciones se inscriben en una estrategia federal que busca contener el avance de la delincuencia organizada en regiones con alta incidencia de violencia, y que ha sido objeto de seguimiento por parte de organismos civiles y autoridades locales.
La presencia coordinada de Ejército, Guardia Nacional y Guardia Civil en zonas rurales de Michoacán responde a la necesidad de intervenir en territorios donde se han documentado disputas entre grupos criminales, así como riesgos para la población civil. La destrucción de campamentos y el aseguramiento de armamento forman parte de una política de contención que, según el gobierno federal, busca inhibir estructuras operativas del crimen organizado.
Las autoridades reiteraron que estas acciones tienen como objetivo salvaguardar la seguridad de la población y garantizar condiciones de paz en regiones afectadas por la violencia. Sin embargo, especialistas en seguridad han advertido que la efectividad de estos operativos depende de su continuidad, del fortalecimiento institucional local y de la articulación con políticas de prevención y reconstrucción del tejido social. El despliegue en Apatzingán y Aquila se suma a una serie de intervenciones recientes en el estado, donde persisten desafíos estructurales en materia de seguridad pública.