La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoció la adopción del Protocolo Homologado Especializado para la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de los derechos humanos y llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías estatales a garantizar su aplicación.
El instrumento fue aprobado durante la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) y establece criterios obligatorios para que las autoridades identifiquen, desde las primeras etapas de una investigación, si un delito puede estar relacionado con la labor de defensa de derechos humanos de la víctima.
La ONU-DH señaló que el protocolo representa un avance en el cumplimiento de recomendaciones formuladas a México por mecanismos internacionales de derechos humanos y busca fortalecer las capacidades de las fiscalías para investigar estos casos y garantizar el acceso a la justicia.
Entre sus disposiciones se establece la aplicación obligatoria del protocolo cuando existan indicios de que la víctima realiza actividades de defensa de derechos humanos. Las autoridades deberán analizar de manera prioritaria y agotar las líneas de investigación relacionadas con esa labor.
El documento también incorpora una definición de persona defensora de derechos humanos acorde con los estándares internacionales, reconoce la participación de las víctimas, sus familiares y familia social en las investigaciones, establece el principio de no criminalización de la defensa de derechos y contempla un registro obligatorio de denuncias por delitos cometidos contra personas defensoras.
La adopción del protocolo ocurre en un contexto de ataques contra quienes realizan labores de defensa de derechos humanos. De acuerdo con datos documentados por la ONU-DH, entre 2016 y 2025 fueron privadas de la vida 184 personas defensoras y 43 fueron desaparecidas en posible relación con su labor.
El proceso para elaborar el instrumento comenzó a finales de 2022, cuando la FGR y la ONU-DH acordaron trabajar conjuntamente. En marzo de 2023, la CNPJ aprobó el acuerdo para desarrollar la herramienta. Posteriormente participaron fiscalías estatales, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y mecanismos internacionales de derechos humanos.
Durante su visita oficial a México en abril de 2026, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su confianza en que el protocolo fuera adoptado e implementado a la mayor brevedad.
“Celebro la adopción de este importante Protocolo”, afirmó Türk, al señalar que espera que contribuya a fortalecer los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos en México.
El funcionario también llamó a las autoridades a adoptar “medidas inmediatas” para asegurar una “implementación decidida” del instrumento.
Ante la aprobación del protocolo, la ONU-DH pidió a la FGR y a las fiscalías estatales impulsar su difusión, capacitar al personal encargado de aplicarlo y establecer mecanismos para evaluar periódicamente sus resultados.
El organismo internacional reiteró su disposición para brindar asistencia técnica durante la implementación del protocolo y en el fortalecimiento de las capacidades institucionales para investigar delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos.