La concentración de poder en un reducido grupo de empresas tecnológicas y la intervención de gobiernos en la regulación del entorno digital están reduciendo los espacios para el debate público y debilitando las garantías de la libertad de expresión a nivel global, advirtió la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre libertad de opinión y expresión, Irene Khan.
Durante la presentación de su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Khan sostuvo que existe una asimetría de poder sin precedentes entre los Estados y las grandes plataformas digitales, las cuales ejercen influencia sobre miles de millones de personas sin mecanismos de rendición de cuentas equivalentes a su alcance económico y político.
El documento identifica la aparición de lo que denomina “oligarcas tecnológicos”, figuras cuya capacidad de influencia supera incluso a la de numerosos países. Entre los casos señalados se encuentran Elon Musk, propietario de X, y Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, quienes, según el informe, toman decisiones con impacto directo sobre el flujo global de información.
La relatora destacó que los ingresos anuales de Meta durante 2025 superaron el Producto Interno Bruto de aproximadamente 130 países y que la empresa mantiene una base de usuarios de alrededor de tres mil millones de personas. Asimismo, señaló que OpenAI reportó ingresos superiores al PIB de 80 países y que ChatGPT es utilizado por cerca de mil millones de personas cada semana.
Según el informe, la combinación de riqueza, influencia y control tecnológico ha permitido que un pequeño grupo de empresarios ejerza poder directo sobre espacios digitales que se han convertido en el principal escenario del debate público contemporáneo.
En el caso de Musk, el documento advierte sobre los riesgos de que una sola persona determine qué contenidos son visibles o considerados verdaderos dentro de plataformas utilizadas por millones de usuarios. Respecto a Zuckerberg, el reporte cuestiona las decisiones adoptadas por Meta en enero de 2025 para eliminar programas de verificación de datos en Estados Unidos y modificar políticas relacionadas con la moderación de contenidos, medidas que, afirma, fueron implementadas sin consulta pública ni evaluación de impacto en derechos humanos.
El informe también dirige críticas hacia el gobierno de Estados Unidos. Khan sostiene que la administración estadounidense promueve una visión “absolutista” de la libertad de expresión que entra en conflicto con estándares internacionales de derechos humanos y que ha utilizado su influencia política y comercial para presionar a países e instituciones que buscan regular a las plataformas digitales.
Entre los casos mencionados figuran sanciones contra un ministro del Tribunal Supremo de Brasil por decisiones relacionadas con plataformas digitales, presiones dirigidas a la Unión Europea tras la aplicación de su Ley de Servicios Digitales y acciones contra la República de Corea por medidas regulatorias vinculadas a monopolios de redes sociales.
La relatora también alertó sobre lo que definió como la utilización política de la libertad de expresión para impedir restricciones al discurso de odio. Según el informe, permitir que este tipo de contenidos se difundan sin límites no amplía las libertades, sino que provoca la exclusión y el silenciamiento de sectores afectados por ataques y campañas de hostigamiento.
Otro de los puntos abordados es el uso de leyes antiterroristas para criminalizar la protesta social y la labor periodística. El documento cita ejemplos en Filipinas, Reino Unido y diversos países de Europa Occidental, Centroamérica y el Sudeste Asiático, donde activistas, periodistas y movimientos sociales han sido vinculados con actividades terroristas a partir de interpretaciones amplias de la legislación.
La expansión de herramientas de vigilancia digital también ocupa un lugar central en el informe. Khan advirtió que los cortes de internet, la vigilancia masiva y el uso de inteligencia artificial para identificar y bloquear mecanismos de evasión de censura están siendo utilizados por algunos gobiernos para restringir el acceso a la información y controlar la actividad de los ciudadanos en línea.
“La gente habla con menos libertad cuando sabe que está siendo vigilada”, señala el documento al describir el efecto que estas prácticas tienen sobre la participación pública y el ejercicio de derechos fundamentales.
Como parte de sus conclusiones, la relatora llamó a construir mecanismos regulatorios basados en derechos humanos, fortalecer organismos independientes de supervisión y establecer contrapesos capaces de limitar tanto el poder corporativo como las intervenciones estatales sobre el ecosistema digital.
“La libertad de expresión es que un periodista pueda trabajar sin miedo, que un activista pueda alzar la voz sin ser etiquetado como terrorista y que las plataformas digitales rindan cuentas por el daño que causan”, afirmó Khan al cierre de su mandato.
El informe concluye que la libertad de expresión no debe convertirse en una herramienta de presión geopolítica ni en un activo sujeto a intereses comerciales, sino mantenerse como un derecho humano que debe ser protegido frente a cualquier forma de concentración de poder, ya provenga de gobiernos o de corporaciones tecnológicas.