La Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó este jueves su 56ª Asamblea General en Panamá con la aprobación de una declaración política y una serie de resoluciones enfocadas en la defensa de la democracia, la seguridad hemisférica, los derechos humanos y la cooperación regional, además de pronunciamientos específicos sobre la situación en Bolivia, Nicaragua y la controversia por las Islas Malvinas.
Bajo el lema «América unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá» y con el tema «Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados miembros», los países integrantes reafirmaron su compromiso con el Estado de derecho, la Carta Democrática Interamericana y el fortalecimiento de los mecanismos multilaterales para responder a los desafíos comunes del continente.
La sesión fue presidida por el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, mientras que la vicepresidencia estuvo a cargo de la canciller de Haití, Raina Forbin.
Uno de los acuerdos centrales fue la adopción de la Declaración de Panamá, mediante la cual los Estados miembros reiteraron su respaldo a la democracia representativa, la protección de los derechos humanos y la cooperación regional para enfrentar la delincuencia organizada transnacional, fortalecer la estabilidad institucional e impulsar el desarrollo integral.
La Asamblea también aprobó la resolución sobre la situación del Estado Plurinacional de Bolivia, en la que dio la bienvenida al despliegue de una misión de alto nivel para apoyar al gobierno democráticamente electo en sus esfuerzos por restablecer la paz y preservar el orden constitucional.
El documento rechaza cualquier acción que implique violencia, afectaciones a los derechos humanos, interrupción de servicios esenciales o ataques contra infraestructura crítica, al considerar que estos hechos comprometen la estabilidad democrática. Asimismo, exhorta a fortalecer el diálogo y a adoptar medidas legales y proporcionales para proteger a la población y garantizar el respeto de los derechos humanos.
Otro de los pronunciamientos con mayor impacto fue la declaración sobre Nicaragua, donde la OEA manifestó su preocupación por el deterioro de los derechos humanos y el debilitamiento del orden democrático.
El organismo señaló que persisten la erosión de la separación de poderes, el cierre del espacio cívico y violaciones documentadas por mecanismos internacionales. Además, condenó las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la tortura, al tiempo que expresó preocupación por la muerte de Brooklyn Rivera bajo custodia estatal y las denuncias de represalias contra sus familiares y miembros de su comunidad.
A través de la declaración, los Estados miembros instaron al gobierno nicaragüense a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, restablecer las libertades fundamentales, garantizar la participación política, respetar el Estado de derecho, poner fin a la privación arbitraria de la nacionalidad y facilitar el retorno seguro de las personas exiliadas. Asimismo, reiteraron el llamado para que Nicaragua retorne al sistema de la OEA.
En materia de política internacional, la Asamblea aprobó por aclamación una declaración sobre la cuestión de las Islas Malvinas, en la que respaldó la disposición del gobierno argentino para continuar buscando una solución pacífica a la controversia de soberanía e instó a Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones.
Durante la clausura, los Estados miembros también reconocieron al Gobierno de Panamá por la organización del encuentro y destacaron la conmemoración del bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826 como un referente del multilateralismo en el continente.
La Asamblea realizó además elecciones para diversos órganos del sistema interamericano. Fueron designados Julio José Rojas-Báez, de República Dominicana; Alejandro Alday González, de México, y María Rosa Guimarães Loula, de Brasil, para integrar el Comité Jurídico Interamericano.
Janet Nosworthy, de Jamaica, fue electa para el Tribunal Administrativo, mientras que Norman Brown, de Estados Unidos, ocupará un lugar en el Comité de Auditoría.
Para el Centro de Estudios de Justicia de las Américas fueron elegidos Patricia Elizabeth Gámez, de Guatemala, y Santiago Pereira Campos, de Uruguay. La tercera vacante permanecerá abierta y será cubierta mediante un nuevo proceso organizado por el Consejo Permanente, al no haberse registrado candidaturas.
Además de los pronunciamientos sobre Bolivia, Nicaragua y las Islas Malvinas, la Asamblea aprobó resoluciones relacionadas con la extensión del Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la Carta Democrática Interamericana, el fortalecimiento de la salud mental mediante políticas intersectoriales, la ayuda humanitaria regional, el desarrollo de las telecomunicaciones, el programa-presupuesto de la organización para 2027, reformas al Estatuto del Tribunal Administrativo y la gestión de mandatos.
Con estos acuerdos, la OEA concluyó su 56ª Asamblea General con una agenda centrada en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la defensa de los derechos humanos y la coordinación regional frente a los desafíos políticos y de seguridad que enfrenta el continente.