El obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, Francisco Javier Acero, planteó una crítica directa al marco legal y a las políticas públicas en torno a la salud mental, a propósito del caso de Noelia, una joven española de 25 años cuyo suicidio asistido generó debate internacional. En su reflexión, el prelado afirmó que la historia expone un problema estructural: cuando el dolor se acumula sin acompañamiento, el sentido de la vida deja de percibirse.
El obispo señaló que el Estado tiene la obligación de salvaguardar la dignidad humana y no de crear leyes que gestionen la vida de las personas. Recordó que la joven enfrentó una trayectoria marcada por inestabilidad familiar, pérdida de vivienda, consumo de alcohol por parte de su padre, agresiones sexuales, diagnósticos psiquiátricos y múltiples intentos de suicidio, uno de ellos en 2022 que la dejó en situación de paraplejia. Según su testimonio, la ausencia de metas y proyectos se sumó a un dolor persistente que no encontró respuesta institucional suficiente.
Acero afirmó que las personas en situaciones similares no buscan consejos, sino escucha, presencia y acompañamiento. Advirtió que la crisis en los hospitales de salud mental exige una revisión profunda y cuestionó que la agenda pública priorice debates legislativos sobre aborto o suicidio asistido mientras se desatiende a grupos vulnerables que requieren atención inmediata. Sostuvo que, cuando no existe acogida, el sentido de la vida se vuelve invisible no por ausencia, sino por falta de herramientas para trascender frustraciones y fracasos.
El obispo señaló que algunas experiencias negativas dentro de espacios religiosos han alejado a víctimas y personas con tendencias suicidas, lo que obliga a replantear la forma en que las instituciones acompañan estos casos. Subrayó que la sociedad corre el riesgo de polarizarse y perder de vista lo esencial si no coloca a la persona en el centro de la acción pública y social.
En su mensaje, Acero llamó a que todos los actores sociales asuman responsabilidad en la atención de quienes viven situaciones de vulnerabilidad extrema. Afirmó que la dignidad humana debe guiar cualquier decisión institucional y que la respuesta no puede limitarse a marcos legales, sino a la construcción de redes reales de apoyo y acompañamiento.