La Cámara de Diputados abrió un nuevo frente de discusión en materia de movilidad y seguridad vial con la presentación de la iniciativa de la diputada federal Nadia Navarro Acevedo (PRI), quien propuso reformar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para establecer evaluaciones teóricas y prácticas obligatorias, homogéneas y vinculantes en todo el país para la obtención y renovación de licencias de conducir.
Durante su intervención, Navarro expuso que la propuesta busca que autoridades federales, estatales y municipales apliquen criterios uniformes para acreditar conocimientos y habilidades de conducción, con el fin de reducir siniestros viales y fortalecer la cultura de respeto a las normas de tránsito. La legisladora señaló que el actual mosaico de requisitos entre entidades federativas genera disparidades, incertidumbre jurídica y prácticas irregulares en los procesos de expedición.
La iniciativa también contempla mecanismos de control para suspender o cancelar licencias en casos de infracciones graves o reincidencia, con sanciones proporcionales y procedimientos transparentes. Según la diputada, estas medidas permitirán que la licencia deje de ser un trámite administrativo y se convierta en un instrumento efectivo de política pública orientado a la prevención.
Navarro subrayó que la seguridad vial es un componente esencial del derecho a la movilidad en condiciones dignas y seguras. “El Estado tiene la responsabilidad de establecer mecanismos eficaces que permitan prevenir riesgos y proteger la vida de las personas”, afirmó al presentar el proyecto.
La legisladora destacó que la homologación de criterios contribuirá a formar conductores mejor preparados y a disminuir la incidencia de accidentes, así como sus consecuencias en términos de muertes, lesiones y daños materiales. Añadió que la iniciativa busca consolidar un marco normativo más claro y uniforme que garantice que todas las personas conductoras acrediten efectivamente sus conocimientos y habilidades antes de circular en la vía pública.
“Fortalecer los procesos de evaluación para la obtención de licencias de conducir no solo representa una mejora administrativa, sino una medida fundamental de política pública orientada a la prevención, la seguridad y la protección de la vida”, concluyó.
La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación, en un contexto legislativo donde la movilidad segura se mantiene como uno de los temas prioritarios en la agenda nacional.