México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) alertó que la reciente revocación y cancelación de autorizaciones para recibir donativos deducibles a más de un centenar de organizaciones civiles por parte del Servicio de Administración Tributaria constituye un hecho que limita la operación del sector y afecta de manera directa a miles de personas que dependen de sus servicios. La organización sostuvo que esta medida impacta no solo a las instituciones involucradas, sino al espacio cívico en su conjunto.
MUCD subrayó que las organizaciones de la sociedad civil cumplen funciones esenciales en la defensa de derechos humanos, el acompañamiento a víctimas, la observación del actuar gubernamental, la participación ciudadana, la protección de territorios y comunidades, y el acceso a la justicia. Señaló que restringir su capacidad de financiamiento compromete actividades que inciden en la mejora de las condiciones de vida de amplios sectores de la población.
La organización reconoció la importancia de operar con transparencia y apego a la legalidad, pero advirtió que el sector enfrenta en México y en otros países de América Latina barreras fiscales y normativas que dificultan su operación. MUCD señaló que los requisitos burocráticos impuestos por la autoridad fiscal bloquean la captación de recursos, ya de por sí escasos, necesarios para sostener su labor.
De acuerdo con MUCD, las organizaciones viven un escenario de fiscalización desproporcionada que se traduce en trámites excesivos, pérdida o imposibilidad de recuperar el estatus de donataria autorizada, disminución de donaciones y reducción de la sostenibilidad de sus proyectos. La organización advirtió que estas condiciones terminan por forzar la desaparición de grupos que no cuentan con recursos para acceder a asesoría legal o contable.
MUCD afirmó que estas medidas desincentivan la organización ciudadana y la participación social, al generar un entorno que desalienta la creación y permanencia de iniciativas civiles. En su posicionamiento, la organización sostuvo que “estas medidas disuaden a las personas y grupos de organizarse, participar y aportar a un país mejor”.
La organización hizo un llamado al gobierno federal para promover y garantizar la labor de las organizaciones civiles, recordando que su trabajo conjunto con todos los sectores, incluido el gubernamental, ha demostrado capacidad para fortalecer el tejido social y contribuir a la protección y defensa de derechos.
MUCD concluyó que la cancelación masiva de donatarias no solo afecta a las organizaciones, sino que limita la participación ciudadana y reduce la capacidad del país para atender problemáticas que requieren colaboración entre sociedad y Estado.