Ante la posibilidad de que millones de líneas de telefonía móvil sean suspendidas a partir del 30 de junio por no estar asociadas a un usuario identificado, el senador Clemente Castañeda Hoeflich presentó en el Senado de la República una iniciativa para ampliar el plazo establecido en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el argumento de evitar un impacto de gran alcance en la comunicación y en el acceso a servicios esenciales.
La propuesta plantea reformar el artículo trigésimo transitorio de la legislación para extender de 120 a 360 días hábiles el periodo disponible para registrar las líneas telefónicas, con lo que la suspensión prevista para finales de junio no entraría en vigor mientras continúa el proceso de inscripción de usuarios.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, donde iniciará su análisis legislativo en un contexto marcado por el debate entre las políticas de seguridad y la garantía del acceso a las telecomunicaciones.
Durante la exposición de motivos, el legislador de Movimiento Ciudadano reconoció que el Registro Nacional de Líneas Móviles, operado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), tiene como propósito fortalecer la seguridad pública y combatir el uso de líneas anónimas en actividades delictivas. Sin embargo, sostuvo que la implementación del mecanismo enfrenta una «crisis operativa de proporciones mayores» que impide cumplir con los plazos previstos por la ley.
Castañeda Hoeflich expuso que, al 13 de mayo, la CRT reportó únicamente 48 millones de líneas registradas. Con un promedio de 750 mil registros diarios, estimó que para el 30 de junio únicamente 84 millones de las 144 millones de líneas activas estarán incorporadas al padrón, lo que dejaría alrededor de 60 millones de líneas sujetas a cancelación.
El senador advirtió que una desconexión de esa magnitud no sólo afectaría la comunicación entre personas, sino también el acceso a servicios bancarios, trámites gubernamentales, plataformas educativas y servicios de salud que actualmente dependen de la conectividad móvil.
«Las implicaciones de una desconexión masiva de esta magnitud son de la mayor gravedad social. En México, el teléfono celular es el principal medio de acceso a internet para la mayoría de la población, particularmente para los sectores de menores ingresos y para quienes habitan en zonas rurales y comunidades indígenas», expuso.
En el desarrollo del planteamiento legislativo, el senador señaló que empresas como Telcel, AT&T, Telefónica México, Bait, Altán Redes y más de 150 operadores móviles, junto con la propia CRT, han reforzado las campañas para promover el registro de líneas. No obstante, afirmó que esos esfuerzos no han alcanzado el volumen necesario para cumplir con la fecha límite establecida.
Asimismo, cuestionó que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones haya descartado en diversas ocasiones la posibilidad de otorgar una prórroga, pese a que el ritmo de incorporación de usuarios resulta insuficiente para completar el padrón dentro del plazo legal.
«Esta postura, aunque comprensible desde el interés en mantener la presión sobre operadores y usuarios, omite considerar que la consecuencia directa de mantener el plazo sin flexibilidad será la desconexión involuntaria de millones de ciudadanos», señaló.
Como parte del debate legislativo, Castañeda Hoeflich sostuvo que el Estado debe garantizar que las políticas orientadas a fortalecer la seguridad no deriven en exclusión digital ni limiten el ejercicio de derechos fundamentales vinculados a las telecomunicaciones.
«Un apagón telefónico de esta magnitud no puede ser el resultado de una fecha administrativa inamovible frente a una realidad operativa que la supera. La protección del derecho a las telecomunicaciones exige que las autoridades actúen con racionalidad, proporcionalidad y sensibilidad social, adoptando las medidas necesarias para que ningún ciudadano pierda el acceso a un servicio indispensable para su vida cotidiana», concluyó.
La discusión de la iniciativa en comisiones marcará el siguiente paso del proceso legislativo y definirá si el Senado modifica el calendario previsto para el registro obligatorio de líneas móviles o mantiene vigente el plazo que concluirá el próximo 30 de junio.