La diputada federal de Morena, Dolores Padierna Luna, presentó una iniciativa para incorporar al Código Penal Federal el delito de suplantación digital, con el propósito de sancionar el uso de herramientas de inteligencia artificial para crear o difundir contenidos que simulen la identidad de una persona sin su consentimiento.
La propuesta, turnada a la Cámara de Diputados, plantea adicionar el artículo 11 Bis y crear un nuevo Título Vigésimo Séptimo denominado «Delitos contra la Identidad Digital», así como los artículos 430 y 431 del Código Penal Federal, con el objetivo de establecer por primera vez un tipo penal específico para este tipo de conductas.
De acuerdo con la legisladora, el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial ha generado nuevas oportunidades para el desarrollo científico y tecnológico, pero también ha abierto espacios para la comisión de delitos que actualmente no cuentan con una regulación específica dentro de la legislación mexicana.
«La tecnología debe estar al servicio de las personas y nunca convertirse en un instrumento para despojar a alguien de su identidad, afectar su dignidad o poner en riesgo su patrimonio, su seguridad o su reputación», sostuvo Padierna al presentar la iniciativa.
La propuesta responde al incremento en el uso de los llamados deepfakes y otros contenidos sintéticos capaces de reproducir con alto grado de realismo imágenes, voces, videos, rostros y datos biométricos, herramientas que pueden emplearse para cometer fraudes, extorsiones, campañas de desinformación, violencia digital o manipulación política.
La legisladora argumentó que, aunque el Código Penal Federal contempla delitos como fraude, amenazas o extorsión, no existe actualmente una figura jurídica que sancione de manera autónoma la utilización dolosa de la identidad digital mediante sistemas de inteligencia artificial, situación que, afirmó, mantiene un vacío legal frente a una problemática en crecimiento.
La iniciativa establece que incurrirá en el delito de suplantación digital quien utilice tecnologías automatizadas o sistemas de inteligencia artificial para crear, modificar o difundir imágenes, audios, videos, voces, datos biométricos u otros elementos de identificación de una persona sin autorización, con el propósito de causar un daño, obtener un beneficio indebido o inducir a terceros a creer que dichos contenidos son auténticos.
Para estas conductas se propone imponer penas de tres a siete años de prisión, además de multas de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), sin perjuicio de las sanciones aplicables por otros delitos que pudieran configurarse.
El proyecto también contempla agravantes cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad o en condición de vulnerabilidad; cuando los contenidos tengan naturaleza sexual, violenta o discriminatoria; cuando se utilicen con fines políticos o electorales; cuando sean difundidos de manera masiva mediante plataformas digitales o redes sociales, o cuando la conducta sea realizada de manera organizada.
Durante la exposición de motivos, Padierna insistió en que la iniciativa no busca limitar el desarrollo tecnológico ni criminalizar el uso de la inteligencia artificial, sino establecer responsabilidades para quienes la utilicen con fines ilícitos.
«Esta iniciativa protege a las personas, no castiga la tecnología. La inteligencia artificial puede transformar positivamente a nuestra sociedad, pero debemos garantizar que ocurra dentro de un marco de respeto absoluto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales», afirmó.
La diputada señaló que la propuesta retoma criterios promovidos por organismos internacionales como la UNESCO y busca actualizar el marco jurídico nacional frente a los desafíos derivados del desarrollo de la inteligencia artificial.
Con esta iniciativa, el debate legislativo incorpora uno de los temas emergentes en materia de regulación tecnológica, al plantear la creación de un nuevo capítulo penal orientado a proteger la identidad digital y establecer sanciones específicas frente al uso indebido de herramientas de inteligencia artificial para la comisión de conductas ilícitas.