La protección de las mujeres mexicanas que viven, trabajan o transitan fuera del país llegó nuevamente a la agenda legislativa con una propuesta que busca extender de manera expresa las obligaciones del Estado mexicano más allá de sus fronteras.
La diputada federal Xóchitl Teresa Arzola Vargas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 18 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de garantizar mecanismos de atención, asistencia, protección y acompañamiento institucional para las mexicanas que enfrentan situaciones de violencia en el extranjero.
La propuesta fue planteada bajo el argumento de que los instrumentos jurídicos existentes requieren ajustes que permitan responder a los riesgos específicos que enfrentan las mujeres en contextos de movilidad humana, particularmente aquellas que migran, residen temporalmente o permanecen fuera del territorio nacional.
Durante la exposición de motivos, la legisladora sostuvo que la violencia contra las mujeres continúa representando un desafío para las instituciones públicas y para los mecanismos de protección de derechos humanos.
“La violencia contra las mujeres constituye una de las expresiones más persistentes de desigualdad estructural y discriminación basada en género”, señaló Arzola Vargas al fundamentar la necesidad de fortalecer el marco legal vigente.
La iniciativa plantea que el Estado mexicano reconozca de manera explícita su responsabilidad de brindar protección a las connacionales que se encuentren fuera del país, incorporando en la legislación la obligación de garantizar asistencia jurídica, acompañamiento consular y mecanismos de atención cuando enfrenten situaciones de riesgo o violencia.
El planteamiento legislativo parte de un diagnóstico sobre las condiciones que enfrentan miles de mujeres mexicanas en procesos migratorios o de residencia internacional.
De acuerdo con la propuesta, las mujeres en movilidad humana se encuentran expuestas a riesgos diferenciados relacionados con violencia sexual, trata de personas, explotación laboral, discriminación racial y xenofobia. Además, advierte que estas circunstancias pueden agravarse cuando confluyen factores como la condición migratoria, el origen étnico, la situación económica, la discapacidad, la orientación sexual o la maternidad.
“Estas condiciones se agravan cuando convergen factores de desigualdad relacionados con origen étnico, condición migratoria, situación económica, orientación sexual, discapacidad o maternidad”, expone el documento presentado ante el Congreso.
La iniciativa también incorpora una visión basada en los principios de universalidad e interseccionalidad de los derechos humanos, bajo la premisa de que la protección estatal no debe limitarse a las fronteras nacionales cuando se trata de garantizar la integridad y los derechos fundamentales de las personas mexicanas.
En ese sentido, el proyecto establece que debe quedar expresamente reconocido en la ley que existe “la responsabilidad del Estado mexicano para garantizar mecanismos efectivos de protección, asistencia jurídica y acompañamiento consular para mujeres mexicanas que se encuentren, residan o transiten fuera del país”.
La propuesta se inscribe en un contexto en el que las políticas de atención a personas migrantes y la protección de mexicanos en el exterior han adquirido relevancia dentro del debate público, particularmente ante el incremento de los flujos migratorios y los desafíos que enfrentan las comunidades mexicanas en distintos países.
Durante la argumentación de la reforma, Arzola Vargas sostuvo que el objetivo central es evitar que la ubicación geográfica se convierta en un factor que limite el acceso a la protección institucional.
“La obligación estatal en materia de derechos humanos no se limita únicamente al territorio nacional, sino que debe extenderse a todas aquellas mujeres mexicanas que se encuentren en el extranjero”, afirmó.
Con la presentación de esta iniciativa, el proceso legislativo entra ahora a la etapa de análisis y dictaminación en comisiones, donde se evaluará el alcance de la reforma y su posible incorporación al marco jurídico federal.
El debate que se abre en el Congreso no se centra únicamente en una modificación normativa. También plantea una discusión sobre el alcance de las responsabilidades del Estado mexicano frente a sus ciudadanos fuera del territorio nacional y sobre la capacidad de las instituciones para garantizar protección efectiva a mujeres que enfrentan contextos de violencia más allá de las fronteras del país.
La propuesta de Morena busca que esa responsabilidad quede establecida de forma expresa en la ley y que los mecanismos de asistencia y acompañamiento formen parte de una política de protección que acompañe a las mexicanas independientemente del lugar donde se encuentren.