La diputada Gissel Santander Soto, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales con el propósito de incorporar medidas obligatorias de protección para niñas, niños y adolescentes que se encuentren presentes durante detenciones, cateos o cualquier actuación de autoridades ministeriales, policiales o judiciales.
La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación, plantea modificaciones a los artículos 10 y 132, además de la incorporación del artículo 266 Bis, con el objetivo de establecer protocolos específicos que garanticen la integridad física, psicológica y emocional de las personas menores de edad involucradas de manera indirecta en este tipo de operativos.
De acuerdo con la iniciativa, toda actuación de las autoridades deberá regirse por el principio del interés superior de la niñez, obligando a las corporaciones de seguridad y procuración de justicia a identificar de manera inmediata la presencia de menores de edad y adoptar medidas que reduzcan su exposición a situaciones de violencia.
Entre las nuevas obligaciones para los cuerpos policiales se contempla minimizar el uso de la fuerza, limitar la visibilidad de armas y evitar tácticas intimidatorias cuando haya niñas, niños o adolescentes en el lugar. Asimismo, se propone que las detenciones se realicen fuera del campo visual de los menores siempre que las condiciones operativas lo permitan y sin comprometer la seguridad del procedimiento.
La iniciativa también establece que las autoridades deberán evitar separar a los menores de su figura cuidadora, salvo cuando exista un riesgo real e inminente para su integridad, además de solicitar de inmediato la intervención de servicios de protección y asistencia cuando el menor resulte afectado o se encuentre en una condición de vulnerabilidad.
El proyecto incorpora nuevas obligaciones durante los operativos. Entre ellas destacan asegurar el resguardo de los menores en espacios seguros y libres de violencia, impedir que sean expuestos al uso de armas, actos de fuerza o lenguaje intimidatorio, garantizar atención psicológica inmediata cuando exista afectación emocional y permitir, en la medida de lo posible, que permanezcan junto a su tutor o persona cuidadora.
En la exposición de motivos, la legisladora sostiene que el sistema jurídico mexicano mantiene un vacío operativo y procesal respecto de la actuación de las autoridades cuando existen menores de edad durante actos de investigación o detenciones.
El documento señala que esta ausencia de protocolos ha provocado que miles de niñas, niños y adolescentes sean expuestos a escenas de violencia institucional, irrupciones domiciliarias, uso de armas, forcejeos y detenciones de familiares sin mecanismos inmediatos de protección física o acompañamiento emocional.
Como parte de los argumentos, la iniciativa retoma información del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), organismo que advierte que la exposición reiterada de menores a eventos traumáticos relacionados con la violencia institucional puede generar ansiedad crónica, trastorno por estrés postraumático, alteraciones del sueño, regresiones conductuales y pérdida de confianza en las instituciones públicas.
Asimismo, cita los señalamientos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), organización que ha documentado diversos casos de operativos policiales realizados en entornos familiares sin protocolos con perspectiva de infancia, pese a que este sector de la población es considerado de especial vulnerabilidad.
Con esta propuesta, la diputada Gissel Santander Soto busca armonizar el Código Nacional de Procedimientos Penales con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, fortalecer la profesionalización de las instituciones de seguridad y consolidar un modelo de justicia penal que incorpore mecanismos específicos para proteger a niñas, niños y adolescentes durante las actuaciones de las autoridades.