La iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio busca transformar la manera en que el Estado mexicano enfrenta este delito al establecer un marco jurídico uniforme en todo el país, homologar su investigación y fortalecer las medidas de prevención, sanción y reparación integral para las víctimas y sus familias.
La propuesta legislativa, respaldada por la vicecoordinadora de Organización Legislativa del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, surge tras la reciente reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorgó al Congreso de la Unión la facultad para expedir una ley general en la materia.
En su posicionamiento, la legisladora sostuvo que la iniciativa responde a una realidad que ha evidenciado diferencias en la investigación y sanción del feminicidio entre las entidades federativas, situación que, afirmó, ha propiciado escenarios de impunidad y revictimización.
«Durante años, el feminicidio ha sido investigado y sancionado de manera desigual en las distintas entidades federativas, lo que ha propiciado impunidad, revictimización y una profunda deuda con las víctimas y sus familias», señaló.
Uno de los ejes centrales de la propuesta consiste en homologar el tipo penal del feminicidio en las 32 entidades federativas, estableciendo una pena de 50 a 70 años de prisión para quienes resulten responsables de este delito.
La iniciativa incorpora además razones de género claramente definidas, fortalece las agravantes aplicables y elimina la posibilidad de otorgar beneficios legales que puedan favorecer la impunidad. Asimismo, plantea la imprescriptibilidad del delito, de las sanciones impuestas y de la reparación del daño, con el propósito de garantizar que el paso del tiempo no impida el acceso a la justicia.
El proyecto legislativo establece que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse bajo la hipótesis inicial de feminicidio, obligando a las autoridades ministeriales y judiciales a actuar con perspectiva de género, debida diligencia reforzada y protocolos especializados.
La propuesta contempla también el fortalecimiento institucional de las fiscalías mediante la creación de unidades especializadas y la implementación de un Protocolo Nacional Homologado de Investigación que permita uniformar los procedimientos aplicados en todo el país.
En materia de atención a víctimas, la iniciativa incorpora medidas orientadas a garantizar el acceso a la verdad y a servicios médicos, psicológicos y jurídicos especializados para familiares y personas afectadas por este delito.
Además, establece mecanismos específicos de protección para niñas, niños y adolescentes que hayan quedado en situación de orfandad como consecuencia de un feminicidio y contempla esquemas de reparación integral del daño con carácter proporcional y transformador.
La propuesta legislativa amplía su alcance hacia las políticas públicas de prevención al plantear campañas permanentes de sensibilización, la integración de registros nacionales especializados, mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y programas integrales de atención dirigidos tanto a mujeres sobrevivientes de violencia como a las hijas e hijos de las víctimas.
Para Dolores Padierna Luna, el proyecto representa un cambio en el enfoque institucional frente al feminicidio, al incorporar herramientas jurídicas que buscan atender el fenómeno desde distintas dimensiones.
«Esta ley representa un cambio de paradigma. No sólo busca sancionar el feminicidio, sino prevenirlo, investigarlo con profesionalismo, reparar integralmente el daño y atender las causas estructurales que originan la violencia contra las mujeres», expresó.
La legisladora sostuvo que la iniciativa refrenda el compromiso del Estado mexicano con la protección de la vida, la dignidad y los derechos humanos de las mujeres, además de fortalecer el acceso a la justicia mediante la armonización del marco jurídico nacional.
En ese contexto, afirmó que la propuesta responde no sólo a un mandato constitucional derivado de la reforma al artículo 73, sino también a una obligación institucional para garantizar que todas las mujeres puedan ejercer su derecho a vivir libres de violencia.
«Garantizar a las mujeres una vida libre de violencia no es sólo un mandato constitucional: es una obligación ética, jurídica y democrática que debe guiar la actuación de todas las instituciones del Estado mexicano», concluyó.
La iniciativa se suma a la agenda legislativa que será discutida durante el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y plantea la construcción de un sistema nacional homologado para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio, colocando en el centro de las políticas públicas la protección de las víctimas y el combate a la impunidad.