El dirigente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, afirmó que la autorización del Congreso del Estado para desincorporar diversos inmuebles del patrimonio estatal forma parte de un procedimiento administrativo previsto en la ley y no puede interpretarse mediante comparaciones que equiparen decisiones distintas bajo una misma lectura política. Señaló que la figura jurídica de desincorporación permite destinar bienes públicos a proyectos específicos, integrarlos a instrumentos financieros o regularizar situaciones patrimoniales ya existentes.
Mora sostuvo que el análisis público ha confundido el uso del procedimiento con la intención política detrás de cada decisión. Indicó que la coincidencia en el mecanismo administrativo no implica identidad en los objetivos, por lo que consideró necesario revisar el contexto y el destino final de los inmuebles involucrados. De acuerdo con el dirigente, algunos de los bienes autorizados serán utilizados para infraestructura social y espacios comunitarios, mientras que otros se integrarán al Fideicomiso para el Desarrollo de Michoacán (FIDEMICH) con el fin de fortalecer proyectos estratégicos.
El dirigente estatal señaló que parte del debate se ha visto condicionado por comparaciones automáticas que buscan vincular decisiones del actual gobierno con prácticas del pasado sin revisar los detalles de cada caso. Afirmó que la discusión pública requiere distinguir entre el procedimiento jurídico y el contenido político de las decisiones, así como evaluar el uso final del patrimonio estatal.
Mora agregó que la administración encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha planteado que el patrimonio público debe orientarse al desarrollo, la infraestructura y el bienestar de la población. Sostuvo que la gestión de los bienes estatales debe responder a criterios de responsabilidad y transparencia, con el objetivo de que los recursos del estado se utilicen para impulsar proyectos que generen beneficios sociales.
El dirigente concluyó que la desincorporación de inmuebles debe analizarse a partir de su destino y de los proyectos que se pretende financiar, y no únicamente desde la coincidencia formal del procedimiento utilizado por distintos gobiernos.