La inseguridad en las carreteras federales volvió al centro de la discusión legislativa luego de que el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, presentara un Punto de Acuerdo para exigir al Gobierno Federal el reforzamiento inmediato de la vigilancia en las principales vías de comunicación del país.
La propuesta surge en medio de reportes sobre nuevas formas de operación de grupos delictivos en corredores carreteros estratégicos, particularmente en la autopista Puebla-Orizaba, una de las rutas más transitadas para el transporte de mercancías entre el centro y el sureste del país.
Desde la Cámara de Diputados, el legislador priista alertó sobre denuncias realizadas por operadores de transporte de carga que señalan la utilización de extintores como mecanismo para detener unidades en movimiento. De acuerdo con los testimonios referidos por Moreira Valdez, los delincuentes arrojan polvo directamente sobre los parabrisas de los tráileres, provocando que los conductores pierdan visibilidad y se vean obligados a detener la marcha.
Según expuso, una vez inmovilizadas las unidades, los grupos criminales consuman el robo de vehículos y mercancías.
La advertencia fue planteada en el marco de un exhorto dirigido a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el objetivo de fortalecer los operativos permanentes de vigilancia, patrullaje y monitoreo en las carreteras federales.
Durante la presentación del Punto de Acuerdo, Moreira sostuvo que el fenómeno no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una evolución de las estrategias utilizadas por organizaciones delictivas para interceptar unidades de transporte.
El legislador mencionó que esta modalidad se suma a prácticas que han sido denunciadas en distintos puntos del país, entre ellas la instalación de retenes falsos, el uso de luces láser para deslumbrar a operadores, la colocación de ponchallantas y bloqueos improvisados sobre la carpeta asfáltica.
“Las carreteras mexicanas se han convertido en territorios de alto riesgo para quienes trabajan, transportan mercancías o simplemente se trasladan con sus familias. La falta de vigilancia y de una estrategia efectiva de seguridad está permitiendo que los grupos delictivos innoven sus métodos de ataque mientras la autoridad permanece rebasada”, señaló.
La intervención del líder parlamentario se produjo en un contexto de preocupación empresarial por el aumento de robos al autotransporte de carga, sector que constituye uno de los principales motores de distribución de mercancías en el territorio nacional.
Moreira recordó que alrededor del 56 por ciento de los productos que se movilizan por vía terrestre en México dependen del transporte de carga, por lo que cualquier afectación a este sector repercute directamente en la actividad económica, las cadenas de suministro y los costos logísticos.
En ese sentido, advirtió que la inseguridad carretera ya no representa únicamente un problema de seguridad pública, sino también un factor con consecuencias económicas para empresas, consumidores y productores.
Como parte de los argumentos que respaldan la propuesta legislativa, el diputado citó cifras de organismos empresariales que reportan un promedio de 21 robos diarios al transporte de carga en el país. De acuerdo con esos registros, ocho de cada diez asaltos se cometen mediante actos de violencia.
Asimismo, identificó al corredor Estado de México-Puebla-Veracruz como una de las zonas con mayor incidencia delictiva para los operadores de transporte y empresas de logística.
El Punto de Acuerdo plantea además que la Guardia Nacional implemente estrategias específicas para enfrentar las nuevas modalidades de ataque detectadas en las carreteras. Entre ellas se incluye la prevención del uso de extintores, sustancias que afecten la visibilidad de los conductores, dispositivos ponchallantas y otros mecanismos utilizados para obligar a los vehículos a detenerse.
La propuesta busca que las dependencias federales fortalezcan la capacidad de respuesta en los tramos considerados de mayor riesgo y desarrollen acciones focalizadas para contener la operación de grupos criminales en las vías de comunicación.
En el plano político, la iniciativa coloca nuevamente el debate sobre la seguridad carretera en la agenda legislativa, un tema que ha sido recurrente en los últimos años ante el incremento de denuncias de transportistas, cámaras empresariales y usuarios de las autopistas federales.
Al cierre de su intervención, Rubén Moreira sostuvo que garantizar condiciones de seguridad en las carreteras constituye una responsabilidad fundamental del Estado mexicano y un elemento indispensable para proteger la integridad de los ciudadanos, así como la actividad económica que depende de la red carretera nacional.
La discusión del Punto de Acuerdo abre un nuevo capítulo en el debate legislativo sobre la estrategia federal de seguridad en carreteras, en momentos en que transportistas y sectores productivos exigen mayores medidas de vigilancia frente a modalidades delictivas que continúan expandiéndose en distintos corredores del país.