El diputado federal Rubén Moreira Valdez advirtió que la propuesta para modificar la definición de gasto corriente estructural en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria representa un intento de “disfrazar” el verdadero nivel del gasto público neto, al excluir sueldos de médicos, policías y maestros, así como los recursos destinados a programas sociales. La iniciativa será discutida el próximo miércoles en Comisiones Unidas de Infraestructura y Hacienda.
En la mesa de análisis del programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, Moreira afirmó que la reforma busca opacar el déficit público, que es la diferencia entre los gastos y los ingresos del Estado. Señaló que esta maniobra pretende simular finanzas sanas y ocultar un endeudamiento creciente. “Es un nuevo intento de opacar y mentir”, sostuvo el legislador del PRI, al advertir que la modificación mostraría un endeudamiento menor al real mediante datos ficticios.
El especialista Miguel Ángel Sulub explicó que la propuesta rompería la llamada “Regla de Oro” de las finanzas públicas, que establece que el gasto corriente no debe crecer por encima de los ingresos disponibles ni del crecimiento económico. Recordó que en 2024 el gasto corriente estructural aumentó 1.4 por ciento respecto al monto aprobado por la Cámara de Diputados y 9 por ciento en comparación con 2023. De aprobarse la reforma, dijo, se estarían ocultando poco más de 1.4 billones de pesos del gasto público.
Mario Di Costanzo, economista y exfuncionario federal, consideró indispensable consultar a las calificadoras internacionales, al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, a la Secretaría de Hacienda y a la Procuraduría Fiscal antes de cualquier resolución. Advirtió que una reforma basada en cifras simuladas podría derivar en una baja en la calificación soberana de México por parte de Fitch Ratings, Standard & Poor’s o Moody’s. Señaló que una degradación tendría efectos inmediatos: salida de inversiones, aumento del desempleo, mayor informalidad y un incremento en el costo de la deuda.
Moreira añadió que la iniciativa busca ocultar el estado real de las finanzas públicas, que calificó como deterioradas por el endeudamiento acumulado en los últimos años. Recordó que la deuda pública pasó de 10.5 billones de pesos en 2018 a una proyección de 20 billones en 2024, y estimó que al final del sexenio superará los 26 billones, equivalentes a casi 60 por ciento del PIB. “Cada mexicano deberá al terminar este año poco más de 138 mil pesos por concepto de deuda pública, cuando con Enrique Peña debía 84 mil pesos”, afirmó.
El legislador también señaló que el problema no se limita a los indicadores financieros, sino a las consecuencias humanas derivadas de los megaproyectos federales, como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el AIFA y el Tren Interoceánico, cuyos costos superaron lo presupuestado y operan con pérdidas. Subrayó que estos proyectos han implicado riesgos para trabajadores y usuarios.
Moreira reiteró su rechazo a la reforma y llamó a no aprobar una modificación que, aseguró, busca ocultar el déficit real y maquillar el estado de las finanzas públicas en un momento en que la estabilidad económica depende de la confianza de los mercados y de la transparencia fiscal.