El diputado federal Rubén Moreira Valdez advirtió que la elaboración y difusión de listas para identificar a opositores, periodistas, medios de comunicación y cuentas críticas desde estructuras del gobierno de Morena representa un riesgo para la libertad de expresión y puede convertirse en un mecanismo de intimidación.
“Stalin y Hitler utilizaron este tipo de mecanismos para identificar y señalar a quienes consideraban enemigos”, sostuvo el legislador del PRI durante el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, que se transmite por YouTube, en el que participó junto con los especialistas Mario Di Costanzo y Miguel Ángel Sulub.
Moreira Valdez señaló que actualmente se manejan al menos tres categorías para clasificar a personas y actores que cuestionan al gobierno o difunden información que le resulta incómoda: “figuras públicas y emisores políticos”, “medios y comentaristas” y “cuentas de ataque”.
El diputado cuestionó que este tipo de prácticas involucren recursos públicos y dependencias federales relacionadas con asuntos jurídicos.
“Para qué hacer listas negras, listas stalinistas. Por qué la titular de la Consejería Jurídica, que debería estar ocupada en preparar buenas leyes, anda metida en esto”, afirmó.
Sostuvo que el problema no se limita a la existencia de una lista, sino al mensaje que puede transmitir a quienes ejercen la libertad de expresión. “Hoy hacen una lista de periodistas y opositores; mañana pueden hacer una lista de empresarios, comerciantes o de cualquier ciudadano que resulte incómodo”, advirtió.
El legislador priista llamó a quienes cuestionan al gobierno a mantenerse atentos ante cualquier intento de utilizar información, recursos o estructuras públicas para intimidar a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión.
En el programa, Moreira Valdez también planteó que los partidos de oposición deben realizar trabajo de campo y generar información propia sobre asuntos de interés público, en lugar de concentrar su actividad en responder a los señalamientos del oficialismo.
“Hay que ir a ver, por ejemplo, las Menchaca Towers en Hidalgo y revisar qué está pasando. Hay que generar información original y ponerla sobre la mesa”, señaló.
Por su parte, el abogado Miguel Ángel Sulub relacionó estas prácticas con el denominado “derecho penal del enemigo”, corriente jurídica desarrollada en Alemania que plantea un tratamiento diferenciado hacia personas consideradas una amenaza para el Estado.
Sulub explicó que trasladar esa lógica al ámbito político y al ejercicio de la libertad de expresión implica el riesgo de restringir derechos fundamentales. Afirmó que el punto central no es la personalidad de quienes aparecen señalados, sino la posibilidad de que desde el poder se considere adversarios a quienes cuestionan sus posiciones.
El especialista sostuvo que el gobierno puede tener dificultades para aceptar cuestionamientos a la versión de los hechos que presenta públicamente y que, en ese contexto, señalar a quienes muestran una realidad distinta puede generar un entorno de presión sobre la crítica.
Moreira Valdez insistió en que el debate público debe sustentarse en argumentos y datos, y no en señalamientos, etiquetas o listas elaboradas desde las estructuras del poder.
“Una democracia se fortalece cuando el gobierno acepta la crítica, no cuando identifica y exhibe a quienes lo cuestionan. El poder debe responder con argumentos, no con listas”, afirmó.
El legislador llamó a ciudadanos, periodistas, medios de comunicación, empresarios y organizaciones sociales a permanecer atentos ante cualquier uso de información, recursos o estructuras públicas que pueda tener como propósito intimidar a quienes ejercen la libertad de expresión.