El diputado federal Rubén Moreira Valdez afirmó que la reforma electoral impulsada por el oficialismo representa un retroceso democrático al considerar que concentra poder, genera incertidumbre y debilita los mecanismos de transparencia que han sostenido la confianza pública en los procesos electorales. Señaló que, con los elementos conocidos hasta ahora, la propuesta presenta cuatro riesgos principales: contradicción con el discurso democrático del propio gobierno, una visión regresiva en materia electoral, una intención de concentración del poder y un diseño apresurado con baja calidad técnica.
Durante el programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, Moreira y los especialistas Julián Proa, Miguel Sulub y Mario Di Costanzo coincidieron en que el documento presentado públicamente hasta ahora —un conjunto de diapositivas expuesto en conferencia matutina— no permite un análisis integral de la reforma. Indicaron que será necesario revisar el texto que se enviará al Congreso para evaluar su contenido real y sus implicaciones.
Uno de los puntos más cuestionados es la posible eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Moreira sostuvo que suprimir este mecanismo significaría un retroceso en certeza y confianza, al eliminar una herramienta que permite conocer tendencias de votación la misma noche de la elección. Recordó que el PREP surgió como respuesta institucional a la crisis de confianza de 1988 y que su función ha sido clave para evitar sospechas entre el cierre de casillas y la entrega de paquetes electorales.
El abogado Julián Proa destacó que el PREP ha reducido significativamente los tiempos de difusión de resultados preliminares, pasando de 96 horas en 1991 a 23 horas en la actualidad. Subrayó que eliminarlo implicaría regresar a escenarios de desconfianza ya superados. También aclaró que el PREP no debe confundirse con el conteo rápido, pues ambos operan en momentos distintos de la jornada electoral.
Miguel Sulub señaló que la comisión presidencial encargada de elaborar la propuesta no incorporó a la oposición ni recabó inquietudes sociales, lo que, a su juicio, debilita la legitimidad del proceso. Advirtió que la desaparición del PREP, junto con la posible reducción o eliminación de juntas distritales, afectaría la estructura técnica que garantiza elecciones confiables.
En materia presupuestal, Mario Di Costanzo explicó que el ahorro estimado por la reducción del financiamiento electoral sería marginal frente al tamaño del gasto público. Indicó que un recorte del 25 por ciento al presupuesto del INE equivaldría a 8 mil millones de pesos, apenas 0.07 por ciento del gasto total proyectado para 2026. Añadió que esta cifra representa solo una cuarta parte del subsidio asignado al Tren Maya para ese mismo año y es menor al costo de dos días de pago de intereses de la deuda pública.
Moreira concluyó que el país enfrenta un escenario en el que el gobierno presume fortaleza financiera mientras la población enfrenta inflación, empleo insuficiente e ingresos limitados. Planteó tres hipótesis sobre la reforma: falta de recursos, intención de desmantelar la estructura democrática o una combinación de ambas. Señaló que el análisis legislativo deberá centrarse en los efectos que tendría la reforma sobre la certeza electoral y la confianza ciudadana.
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